- Abogado Jorge Chessal prevé conflicto constitucional.

San Luis Potosí, S.L.P.- Con el voto a favor de 18 diputados, 3 en contra y 5 abstenciones, el Congreso del Estado aprobó dejar in efecto el decreto aprobado por la pasada legislatura, que avaló el informe general y los informes individuales sobre las cuentas públicas del 2017, relativas a los 113 entes auditables, entre los que están los 58 Ayuntamientos, el Poder Ejecutivo, el Judicial y diversas instancias más.

En la sesión de este viernes, una mayoría integrada por Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista y Partido Acción Nacional, aplastaron a una débil oposición encabezada por el PRI y otras fuerzas políticas, con lo que la bancada tricolor recibió un duro revés a un dictamen de la LXI Legislatura que aprobó el Informe General y los particulares de la Auditoría Superior del Estado, sobre el ejercicio 2017.

La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista Edgardo Hernández Contreras y fue avalada por la mayoría de los legisladores, por lo que los dictámenes de las cuentas públicas volverán a comisiones para ser analizadas con detenimiento.

Además de las cuentas pública de los Ayuntamientos, también se revisarán las del Estado, DIF, Poder Judicial y otros más, hasta sumar los 113 entes auditables en San Luis Potosí

Con éste, se dio el segundo revés para el titular del Ejecutivo Juan Manuel Carreras López, pues el primero fue cuando pretendió impulsar en acuerdo con el líder estatal del PAN, Xavier Azuara Zúñiga la llegada del diputado José Antonio Zapata Meraz como presidente de la Directiva, pero una jugada maestra del legislador de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, de Cándido Ochoa, Morena y algunos diputados del blanquiazul, colocaron a Sonia Mendoza Díaz al frente de este Poder del Estado.

El decreto que también estuvo a punto de derogarse, fue el relativo a la autorización al Ejecutivo para afectar hasta en un 2.5 por ciento el Fondo General de Participaciones del Estado por los próximos 10 años, para pagar en ese lapso 1,225 millones de pesos por cuotas y aportaciones no cubiertas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la nómina magisterial potosina. El dictamen no fue aprobado y se rechazó con 17 votos en contra y 10 a favor.

Por su parte, el experimentado jurista Jorge Chessal Palau, escribió en su cuenta de Twitter que la decisión del Congreso, será controvertida en los tribunales en fechas próximas.

Dijo que “se ve un horizonte de controversias constitucionales en contra del Poder Legislativo”.