Congreso aprobó que las 59 Alcaldías de SLP, lo acaten

 

Por Luis Fernando Nieto

San Luis Potosí, SLP.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo que exhorta a los 59 Ayuntamientos del Estado a efecto de que, lleven a cabo las acciones necesarias con el fin de que sus elementos de seguridad pública, reciban y en su caso, reafirmen la capacitación necesaria para que su actuación se apegada a la legalidad y al respeto de los derechos humanos de la población.

La propuesta presentada por la diputada Sara Rocha Medina establece que la capacitación debe ser en materia de derechos humanos, detenciones arbitrarias, debido proceso y actuación conforme principio de legalidad, principio de presunción de inocencia, policía de proximidad, mediación y solución pacífica de conflictos, ética pública y responsabilidad administrativa.

Señala que se han documentado y denunciado de manera reiterada prácticas indebidas por parte de algunos elementos de tránsito y policía municipal, consistentes en detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, falta de actuación bajo esquemas de policía de proximidad y solución pacífica de conflictos, así como conductas que vulneran el principio de presunción de inocencia o derivan en falsas acusaciones contra la ciudadanía, al momento de presentarse hechos viales.

Estos hechos han sido puestos formalmente en conocimiento del Congreso del Estado de San Luis Potosí, solicitando la intervención institucional para evitar que conductas de esta naturaleza se repitan en perjuicio de la ciudadanía.

Sin duda, estas acciones constituyen en un ejercicio indebido de la función pública y abuso de autoridad, entendiéndose a estos como el uso incorrecto o excesivo de una posición de autoridad para obtener beneficios personales, controlar a otros, o causar daño, manipulando, intimidando o actuando de manera ilegal, y asimismo, incluso cayendo en la comisión de un delito por parte de la autoridad pública.

La propuesta de la diputada Rocha Medina añade que “las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso, la falta de actuación bajo esquemas de policía de proximidad y mediación, así como las conductas que vulneran el principio de presunción de inocencia o derivan en falsas acusaciones, constituyen prácticas inconstitucionales, además de que debilitan la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad”.