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- Escrito por Ángel Castillo Torres
Será a través de Asambleas de Consejeros Políticos// Momento peligroso para la unidad interna// Su desenlace será vital para las elecciones de 2021// El gobernador ya juega al ajedrez político.
La tarde del pasado 7 de enero se publicó la Convocatoria en la que se establecen las bases que regularan el proceso electivo para elegir a los dirigentes estatales del PRI para el periodo 2020-2024.
Son 6 mil doscientos priistas los que tendrán la responsabilidad de elegir con voto secreto y directo a quiénes tendrán en sus manos las riendas del tricolor durante los próximos cuatro años.
De inscribirse más de una fórmula las Asambleas de Consejeros Políticos estarían desarrollándose el próximo 8 de febrero. De lo contrario, si hubiera “Planilla Única” el proceso terminaría con una Asamblea de Ratificación en la que se tomaría protesta a los nuevos dirigentes.
La elección de directivos en el PRI abre casi siempre una temporada de luchas fratricidas que provocan división, encono y desprestigio.
El tricolor atraviesa por una etapa difícil luego de los amargos resultados que obtuvo en las elecciones de 2018, razón por la cual sería de fatales consecuencias que este proceso se desbarrancara.
En amplias franjas del priismo potosino hay conciencia de que para mantener y ganar nuevos espacios de poder hay que cuidar la unidad interna. Pasar del desaliento a la esperanza. Terminar con la etapa de duelo por el poder perdido e iniciar un ciclo de recuperación.
En el episodio que se abre con la renovación de dirigentes estatales el principal dilema es optar entre el cambio o la continuidad. Ha trascendido que Elías Pesina y Yolanda Josefina Cepeda buscaran un nuevo periodo como dirigentes. En los once meses que ocuparon de forma interina los cargos de presidente y secretaria general, respectivamente, hicieron un buen papel. Han sido incluyentes. Lograron acercar de nuevo a militantes que se habían distanciado, han sido conciliadores, prudentes y sin estridencias han cumplido a cabalidad con la encomienda que se les hizo.
A como están las circunstancias políticas -no muy favorables para el PRI- considero que la opción más estratégica, conveniente y pragmática la encarnan Elías Pesina y Yolanda Josefina Cepeda.
Los dos perfiles se complementan, se respetan entre ellos y han formado un buen equipo.
Son militantes que cuentan con el evidente respaldo político y afectivo del gobernador que sigue siendo reconocido por los priistas como primus inter pares (el primero entre iguales).
Entre dirigentes de sectores y organizaciones, cuadros directivos y la mayor parte de los que conforman la base militante del PRI se acepta que el gobernador Juan Manuel Carreras sea el factótum que tenga en sus manos la operación política de su propia sucesión y las principales decisiones de su partido el próximo año. Su opinión será muy influyente ante los dirigentes nacionales para seleccionar a los candidatos priistas a cargos de elección popular. También pesará, y mucho, su sentir al momento de definir las alianzas que el PRI realice con otras fuerzas políticas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil para contar con una estrategia ganadora en 2021. De ahí que la cercanía y entendimiento entre el gobernador, Elías y Yolanda Josefina sea una pieza clave en la maquinaria que Carreras utilizará para jugar en las elecciones de 2021.
Es predecible que se presenten algunas resistencias, presiones, críticas y sabotajes al control que evidentemente tiene el gobernador en el PRI. Hay Caballos de Troya que quisieran ver un colapso definitivo en el tricolor o colocar piezas de su grupo en la dirigencia estatal.
Por ello algunas corrientes de opinión y grupos de presión intentarán influir en el proceso de elección de dirigentes para posteriormente, en 2021, disputarle al gobernador el privilegio de tomar las decisiones más importantes en cuanto a candidatos, pero al final, creo que podría pactarse algún acuerdo para mantener la unidad del priismo potosino.
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- Escrito por Ángel Castillo Torres
Ciberacoso// Extorsión en línea// Uso de imágenes de contenido sexual sin consentimiento//Daños a la dignidad y estabilidad emocional de las personas.
A Esmeralda, joven universitaria de 21 años, le robaron su celular en un centro comercial. El ladrón, al revisar el contenido de las imágenes guardadas en la memoria del aparato, encontró fotografías eróticas y un vídeo de actividad sexual de la estudiante.
El rufián olfateo la oportunidad de sacar provecho de este comprometedor material. Su mente criminal decidió ganar dinero extorsionando a Esmeralda.
Le mando mensajes privados por Facebook para pedirle dinero a cambio de no publicarlas. Ella, en principio, se negó a ser chantajeada. El psicópata insistió en sus demandas subiendo el volumen de sus amenazas. La universitaria no dio su brazo a torcer.
Entonces el extorsionador decide ponerlas en línea y etiquetar a su víctima. El efecto sobre la vida de Esmeralda fue devastador. Los usuarios de las redes sociales empezaron a insultarla y a condenarla: “Te lo buscaste” “Eso te sacas por ser de cascos ligeros”, fue lo más amable que le dijeron.
Ella, desesperada, denunció ante las autoridades y solicitó a las plataformas digitales que retiraran y bloquearán el material erótico y sexual. Pero la respuesta fue muy lenta y mientras tanto su caso se hizo viral.
Otro caso.
Raquel confiesa llena de culpa y vergüenza su terrible historia: “Reconozco que fui yo quien permitió que me tomara algunas fotografías cuando estábamos desnudos. Incluso tuvimos videollamadas eróticas que él grabó, pero yo no sabía que lo hacía. El me atraía y se ganó mi confianza. Éramos novios y todo parecía ir sobre ruedas hacia el matrimonio. Yo estaba muy enamorada. Pero luego todo empezó a cambiar. Él me mostró las fotos y grabaciones y empezó a pedirme favores económicos. Como yo ganaba bien acepte y le entregué algunas cantidades de dinero. Pero luego sus exigencias aumentaron considerablemente. No siempre podía darle lo que me pedía así que empezó a amenazarme con publicar todo el material en las redes sociales. ¡Ha sido un infierno!, estoy atrapada en un callejón sin salida, no sé qué hacer. Todo el amor que sentía por él se ha convertido en resentimiento y miedo, ¡mucho miedo!
Magdalena era amenazada de muerte por su esposo.
La violencia llegó cuando ella le pidió el divorcio.
Su matrimonio no funcionó. La violencia, la obsesión por dominarla y los celos enfermizos lo destruyeron todo. Él quería siempre controlarla. La vigilaba. Cuando salían de compras ella tenía que caminar a no más de dos metros de distancia de él. La obligaba a entregar todos los recibos de las compras que hacía. No le permitía tener amigas. Le exigía la contraseña de su celular. Revisaba los mensajes que le enviaban sus amigos por Facebook. Con perfiles falsos, la insultaba y amenazaba.
Magdalena ya no pudo más y decidió abandonarlo. La reacción de su marido fue violenta. La amenazó de muerte. Le ordenó volver al hogar.
Ella al principio se refugió en casa de sus padres. Pero luego tuvo que salir de su municipio de origen y esconderse en otro estado de la república por temor a perder la vida a manos de su marido.
El caso de Olimpia Coral Melo, se convirtió en bandera de lucha para castigar penalmente la violencia digital.
Cuando tenía 18 años Olimpia fue víctima de la más indigna violencia de género de parte de quien fuera su novio.
Era el año 2013 cuando en su natal Huachinango, Puebla, se difundió un vídeo íntimo de contenido sexual sin su consentimiento. El morbo que desató este material provocó que se compartiera miles de veces primero en su lugar de origen y luego a nivel nacional.
Ella se encerró en su casa a piedra y lodo para escapar de las burlas y el linchamiento mediático.
Pasaron muchos meses antes de que Olimpia pudiera comprender que no era culpable de lo que había pasado. Ella, como miles de mujeres en México, había sido víctima de una agresión digital.
Pero entonces de armó de valor y con toda dignidad comenzó a fundar un movimiento político para exigir que las agresiones hechas a mujeres a través de medios digitales o telemáticos se tipificara como delito.
Surge el Frente Nacional por la Sororidad, movimiento mayoritariamente encabezado por mujeres que se dio a la tarea de promover la llamada Ley Olimpia.
Para estas activistas defensoras de los derechos humanos la violencia de género digital es toda aquella agresión psicológica que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías de la comunicación como el correo electrónico, los sistemas de mensajería WhatsApp o las redes sociales, contra su pareja o ex pareja de forma sostenida y repetida en el tiempo, con la única finalidad de discriminar, dominar, extorsionar o entrometerse, sin consentimiento, en la vida privada de la víctima.
La Ley Olimpia ya ha sido aprobada en 15 estados de la república y en San Luis Potosí está por ponerse a consideración de los diputados locales. Es todo un misterio saber en este momento si se aprobará o no ésta iniciativa.
La próxima semana ampliaremos el análisis de este tema.
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- Escrito por Ángel Castillo Torres
- Tribunal Electoral lo halló culpable de usar programas para fines políticos.
El superdelegado del gobierno federal, Gabino Morales Mendoza, empieza el año con el pie izquierdo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo encontró culpable de violar diversos dispositivos de ley que prohíben utilizar los programas sociales del gobierno federal con fines de proselitismo y promoción personal.
El máximo Tribunal Electoral le dio la razón al PRD que fue quién acuso a Gabino. El veredicto es un duro golpe contra el Virrey de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí.
Ahora que se ha comprobado la violación del artículo 134 de la Constitución por parte de Gabino y otros 14 superdelegados en diferentes estados de la república, la Contraloría Interna de la Secretaría del Bienestar debe proceder a sancionar a estos transgresores de la ley.
El castigo que se aplicará quedará a criterio del Órgano Interno de Control de esa Secretaría. Puede ser desde una amonestación pública o una inhabilitación temporal o permanente.
Si no hay complicidad de parte del órgano sancionador, el castigo deberá ser ejemplar para mandar un mensaje inequívoco de que no se tolerará que se manipulen con fines electorales los programas sociales, que benefician a cerca de 23 millones de mexicanos.
Hay que recordar que en este año habrá elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila. Y que en 2021 habrá comicios en 13 estados de la república donde se renovarán gubernaturas, Ayuntamientos, diputaciones locales y toda la cámara de diputados del Congreso de la Unión.
Por eso es oportuno frenar en seco a los tramposos. De lo contrario, si se les protege, se comprobará que estamos viviendo una renovada etapa de clientelismo electoral y elecciones de Estado.
Es justo y necesario reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver con este ilegal comportamiento de los superdelegados.
En muchas ocasiones les ha mandado decir desde el púlpito de las conferencias mañaneras que no hagan proselitismo con los programas del gobierno en favor de un partido político porque si lo hacen perderán el trabajo porque es un delito grave.
La sentencia del Tribunal Electoral.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación razonaron en su sentencia que Gabino Morales y otros 14 Súper Delegados en complicidad con 21 subdelegados tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Concluyeron además que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Pero resulta que en Tamazunchale y en muchos otros municipios de la república los jóvenes activistas conocidos como Servidores de la Nación llegaban a las casas de los beneficiarios a entregar los apoyos vestidos con chalecos que promocionaban la imagen del presidente de la república y del gobierno de la Cuarta Transformación y les decían que esos apoyos se los enviaba AMLO y Morena. Que no se les fuera a olvidar esto a la hora de votar en futuras elecciones.
Como puede verse, esta es una forma tramposa de utilizar los impuestos que pagan los contribuyentes para construir clientelas electorales, conducta que de conformidad con la Constitución y otras leyes mexicanas es una violación que debe castigarse.
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- Escrito por Luis Fernando Nieto
- A nivel nacional hay 1100 puntos con restos de 26 mil cuerpos.
- Hay al menos en México 40 mil personas en esa condición.
Cuando un ser querido desaparece sin dejar rastro provoca un profundo sufrimiento. Es una experiencia dolorosa, traumática.
No saber qué ocurrió es vivir permanentemente angustiado por la incertidumbre.
La desaparición forzada de personas es un fenómeno que se ha convertido en uno de los crímenes más crueles que puede experimentar un ser humano. Y en nuestro país este fenómeno alcanza ya cifras alarmantes.
Según el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hay por lo menos 40 mil personas que tienen la calidad de desaparecidas en México.
Pero además y para hacer más espantosa la tragedia se han encontrado mil 100 fosas clandestinas y más de 26 mil cuerpos sin identificar en diferentes estados del país provocando la sospecha de que muchos de estos muertos son migrantes que venían de Centro América ambicionando llegar a los Estados Unidos.
Lamentablemente en San Luis Potosí se han descubierto 26 de estas fosas clandestinas principalmente en los municipios de Moctezuma, Ciudad Valles, Matehuala Tampamolón, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Tamazunchale, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Villa de la Paz, Salinas, Rioverde y la ciudad capital.
La mayor parte de las personas desaparecidas o no localizadas son jóvenes.
La explicación que los funcionarios dan acerca de este fenómeno es que los jóvenes son el segmento de la población más vulnerable por su estilo de vida que los expone a sufrir un “levantón” o un secuestro.
Pero también hay casos en los que se ha comprobado que la guerra entre bandas del crimen organizado explica secuestros y levantones.
Los criminales utilizan la violencia para imponer su ley y mantener el controlar de su territorio. Actúan en forma desalmada para arrebatar espacios a sus contrincantes y para consumar venganzas. El “ajuste de cuentas” entre cárteles incluye la desaparición forzada.
También ocurre que ciudadanos que son extorsionados dejan de pagar la cuota que se les ha impuesto (derecho de piso) y entonces, como represalia son secuestrados para exigir rescate a sus familias.
Ante estos casos la respuesta de las autoridades es muy débil. Esto provoca un sentimiento de impotencia, frustración y rabia en las víctimas. Son los propios familiares los que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil emprenden la búsqueda de los desaparecidos.
A propósito de este fenómeno el Comisionado de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, ha declarado a los medios de comunicación que este año hay el reporte de 400 personas desaparecidas en la entidad.
Entre los desaparecidos se cuentan a migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
Esto explica la presencia el pasado 23 de noviembre en la ciudad capital de una caravana de madres de origen centroamericano que buscan desesperadamente a sus hijos desaparecidos en territorio nacional.
Para ellas no hay palabras que puedan expresar el dolor que sienten por la desaparición de sus hijos.
Piensan que las fronteras de México y Estados Unidos se han convertido en una gran fosa común.
Estamos, desdichadamente, frente a una tragedia humanitaria.
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- Escrito por Ángel Castillo Torres
- “Las reformas protegen derechos humanos como el de la intimidad personal y sexual de las mujeres"
En 2013 Olimpia Coral Melo Cruz fue víctima de una infamia a través de las redes sociales.
Sin su consentimiento, su expareja sentimental hizo circular en las redes sociales un vídeo de fuerte contenido sexual donde ella era la protagonista. Este material erótico se hizo viral en su pueblo natal, Huachinango, Puebla y luego en todo México.
A partir de ese momento Olimpia sufrió humillaciones, burlas y linchamiento mediático. Las lenguas de víbora se dieron gusto, no pararon de lanzar su veneno.
Olimpia no podía salir a la calle porque de inmediato era señalada con índice de fuego. La trataban como a una leprosa. Su propia familia no sabía qué hacer. Ellos también sufrieron la humillación y las hirientes críticas.
Ante este desprecio público la joven mujer decidió encerrarse a piedra y lodo en su casa. Durante meses vivió un infierno. Sentía que le habían robado su vida. Una mezcla de dolor, rabia y culpa la quemaban diariamente a fuego lento.
Tuvieron que pasar muchos días de cruel tormento para que Olimpia tomara conciencia de que ella no había sido la culpable y que más bien era víctima de una acción canalla.
Pero en algún momento de su desdicha su dignidad emergió valiente y decidió dejar de sentirse culpable y proceder a denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
Sin embargo se topó con que este tipo de agresiones no estaban incluidas como un delito en el código penal de su estado. Así que con el apoyo de un grupo de activistas presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa de ley para que se aprobara un nuevo tipo de delito que castigará la violencia digital. Desgraciadamente en un principio los diputados de aquella entidad rechazaron su propuesta.
Entonces Olimpia y sus aliadas tomaron la decisión de formar un movimiento social al que llamaron Frente Nacional por la Sororidad y cuyo propósito sería hacer visible el papel que juegan las tecnologías como generadoras de violencia y agresiones, sobre todo contra las mujeres.
Las integrantes de este Movimiento sostienen que hay una nueva forma de violencia, la Violencia de Género Digital que consiste en “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensaje de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que se comete a través de las tecnologías de información y comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro espacio digital y que atenta contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnera algún derecho humano de las mujeres”.
A partir de aquel instante el Movimiento encabezado por Olimpia Coral Melo ha exigido que se modifiquen los códigos penales del país para castigar, prevenir e inhibir la violencia digital.
Poco a poco tuvieron éxito. Se fortalecieron. A través de movilizaciones callejeras y sensibilizando a la opinión pública sobre el uso y abuso de la violencia digital han hecho visible el problema y han logrado colocar en la agenda legislativa de los estados este tema.
Fue así que finalmente obtuvieron su primera victoria doblegando a los diputados de Puebla quienes en 2014 aprobaron la llamada Ley Olimpia. Esta ley tipifica como delito penal la violencia digital y la castiga con hasta con 6 años de cárcel.
“Las reformas avaladas protegen derechos humanos como el de la intimidad personal y sexual de las mujeres, así como el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales”.
“Entre las especificaciones de los cambios, los legisladores aprobaron que la pena señalada se agrave al 50 por ciento cuando la víctima sea una persona ascendiente o descendente en línea recta hasta el tercer grado; así como cuando exista o haya existido una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o educativa, así como laboral”.
Actualmente ya ha sido aprobada en los estados de Guerrero, Puebla, Baja California Sur, Nuevo León, HYPERLINK "https://www.proceso.com.mx/…/penalizan-con-hasta-seis-anos-…" Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Zacatecas y Ciudad de México.
En San Luis Potosí ya hay una iniciativa de ley que aborda este problemática y que pronto deberá ser vota en la Asamblea de Diputados.
Sería un avance en la lucha que desde las instituciones se ha emprendido para combatir la violencia contra las mujeres que la Ley Olimpia fuera aprobada en nuestro estado.
Nuestros diputados y diputadas tienen la última palabra.
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- Escrito por Luis Fernando Nieto
Era la madrugada del 28 de octubre de 2012 cuando la madre de Karla Pontigo, la señora Esperanza Luccioto, fue informada de que su hija se hallaba mal herida en el antro “Play”.
De manera inmediata ella y su hijo Fernando Zahid se trasladaron al lugar de la tragedia.
Al llegar al establecimiento la encontraron en medio de un charco de sangre. De inmediato la llevó a un hospital pero lamentablemente unas horas después falleció.
A partir de ahí comenzó el calvario de la familia producto de la indolencia de las autoridades responsables de investigar el caso.
En 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó que la muerte de Karla Pontigo fue accidental al chocar contra un cristal y a lo más que se atrevió fue a inculpar al dueño del lugar, Jorge Vasilakos Reyes por homicidio culposo. Luego de esto se le dio carpetazo al asunto.
Sin embargo los familiares de Karla siempre alegaron que se trató de un feminicidio y que las autoridades violaban sus derechos como víctimas.
Durante siete largos años caminaron con su dolor a cuestas para exigir justicia. Denunciaron el caso ante AMNISTIA INTERNACIONAL. También acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revisara de nuevo el caso y se diera un indudable veredicto. Afortunadamente el Alto Tribunal de justicia resolvió por unanimidad el pasado 13 de octubre que se reabriera el expediente ya que encontraron razonadas dudas de que en esta tragedia se hizo un fraude a la ley.
Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado reponer el proceso han salido a la superficie muchas irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno del entonces mandatario Fernando Toranzo Fernández. Policías ministeriales, fiscales, el ministerio público y diversos peritos no hicieron bien su trabajo. Llegaron 38 horas después al lugar de los hechos. No se resguardó a tiempo la escena del crimen. Durante esta demora cabe la posibilidad de que se haya limpiado el lugar para borrar cualquier indicio que pudiera revelar lo que realmente pasó. La escena del crimen pudo ser alterada. Adicionalmente no se obtuvo en ese momento el testimonio de los testigos y presuntos implicados en los actos cometidos contra Karla Pontigo Lucciotto.
Hay dos personajes de la vida pública que tienen mucho que aportar para conocer la VERDAD. Ellos son el diputado local Cándido Ochoa Rojas, a la sazón Secretario de gobierno, y el ex procurador Miguel Ángel García Covarrubias.
La muerte de Karla Pontigo Lucciotto deberá ser investigada con protocolos de feminicidio, así lo ordena la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una vez que la Fiscalía General del estado (FGE) sea oficialmente notificada se nombrará a un Fiscal Especial para que atienda el caso. La FGE deberá efectuar y garantizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con una perspectiva de género para aclarar la muerte de esta jovencita. Además y como lo ordena la Corte, “en el desarrollo de la investigación el ministerio público deberá informar a los quejosos sobre los avances de la misma, así como permitir su intervención para que, en ejercicio de sus derechos constitucionales, se les permita ofrecer pruebas y estar presentes en el desahogo de las diligencias necesarias. Asimismo, deberá informar sus determinaciones a las víctimas para asegurar que estén en aptitud de hacer valer sus derechos contra ellas oportunamente”.
El gobernador del estado Juan Manuel Carreras López ha hecho el compromiso de colaborar en todo lo necesario con la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de resolver este terrible asunto.
Las víctimas de esta muerte con apariencia de feminicidio esperan que al final de las investigaciones se castigue a quienes cometieron fraude a la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia votada por unanimidad así lo ordena: “Se deberán iniciar los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o, incluso, penalmente a las autoridades intervinientes por su actividad irregular”.
La sociedad y los familiares de Karla esperan VERDAD y JUSTICIA.