- Se gana una batalla contra la impunidad y el olvido.

Ángel Castillo Torres.Renace la esperanza para la familia de Karla Pontigo Lucciotto,  aquella desdichada estudiante que murió en condiciones dudosas en el antro “Play” un 28 de octubre de 2012.

Luego de 7 años de caminar por los viciados laberintos de las instituciones que deberían procurar e impartir justicia, los familiares y organizaciones de la sociedad civil que presionaron para que éste caso se revisara con protocolos de feminicidio y no como un simple accidente han ganado una batalla contra la impunidad y el olvido. Su victoria es un triunfo de la dignidad y un ejemplo de firmeza y amor, sobre todo de la madre de Karla, la señora Esperanza Lucciotto, quien con su dolor a cuestas nunca dejo de exigir justicia y exhibir los engaños de las autoridades locales.

Afortunadamente el pasado miércoles 13 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que se reabra el caso ya que hay fundadas dudas de que en esta tragedia se torció la ley.

Ahora empieza a hacerse evidente una red de complicidades y negligencias que hicieron posible esta infamia en tiempos del gobernador Fernando Toranzo. Las mayores sospechas recaen sobre la Procuraduría de Justicia del estado, en ese entonces a cargo de Miguel Ángel García Covarrubias. Está autoridad resolvió en su momento que todo había sido un accidente; que Karla chocó contra una puerta de cristal y se ocasionó "accidentalmente" las lecciones que provocaron su muerte.

Ante este superficial diagnóstico, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) se inconformaron y pudieron comprobar que en la necropsia practicada a la joven el día de los hechos, existían al menos 11 tipos de lesiones exteriores, entre ellas lesiones en genitales, un ojo, labios y cráneo, así como diversas lesiones punzocortantes. Así que la versión oficial de la Procuraduría resultaba inaceptable y absurda. Por esta razón los familiares de Karla apoyados en organizaciones de la sociedad civil acudieron a instituciones como Amnistía Internacional para denunciar el atropello.  Pidieron adicionalmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara el caso. Con sensibilidad y compromiso con las víctimas la Corte atendió el reclamo y hace unos días dictaminó que hay materia para volver a reabrir el expediente de Karla.

La sentencia de la Corte ordena que se vuelvan a iniciar las investigaciones desde cero y que se realicen con un una perspectiva de género. Al mismo tiempo el máximo Tribunal abre la posibilidad de que se finquen responsabilidades administrativas y penales a aquellas autoridades que por acción u omisión participaron en la fraudulenta investigación del 2012. Son varios los exfuncionarios del gobierno torancista que a partir de ahora perderán el sueño. Al reabrirse el caso irán surgiendo nombres y detalles de esta tenebrosa trama.

Por otro lado hay alegría y esperanza en familiares y amigos de la familia Pontigo Lucciotto. Esperan que esta vez las cosas se hagan bien, sin complicidades, ni sesgos. El caso ha alcanzado gran resonancia por lo que a partir de ahora será muy vigilado por los medios de comunicación y la sociedad. Se espera verdad y justicia.

Al respecto el Fiscal General del estado, Federico Garza, ha manifestado que en cuanto sea notificado acatará en todo sus términos el veredicto de la Corte. Ha anunciado también que incluso se nombrará a un fiscal especial para que atienda este controvertido asunto.

A dos años de su fundación, la nueva Fiscalía del estado tiene en sus manos la invaluable oportunidad de demostrar que vivimos en un Estado Democrático de Derecho y que los familiares de Karla Pontigo,  luego del calvario que han vivido y que las ha re victimizado durante 7 años, finalmente podrán recibir justicia.

Dirigentes y militantes de Morena han hecho visible que no poseen una cultura democrática. Que lo suyo es el conflicto y la trampa. Que no saben procesar de manera civilizada, transparente, legal y democrática los anhelos de su base militante.

Así quedó de manifiesto en el desastroso proceso de elección de consejeros distritales celebrado en todo el país los días 12, 13 y 20 de octubre. Padrón de votantes rasurado, falta de quorum, acarreo, presiones, amenazas, robo de urnas y violencia. Las peores prácticas de la era predemocrática.

En las entrañas de Morena se vivió el caos. En varios estados de la república, incluido el nuestro, se impidió la realización de asambleas en las que se elegirían a los consejeros distritales que tendrían derecho a votar por los candidatos que aspiran a ocupar los cargos de dirigentes.

Los conflictivos grupos de Morena enseñaron el cobre. No hubo orden, civilidad ni liderazgo que condujera con decisión, madurez y apego a estatutos el fallido intento de democracia. Lo que sí se vivió en estas asambleas fueron las trampas, los golpes, los codazos, los empujones y hasta balaceras.

Con este patético espectáculo los impulsores del “Cambio Verdadero”  confirmaron que Morena no es un partido consolidado comprometido con los valores de la democracia. Se exhibieron como una hermandad de insaciables que sólo busca apropiarse del aparato partidista para saciar  ambiciones personales y de grupo.

En las asambleas habló el lenguaje de las balas.

La violencia mancillo las asambleas de Morena. Las primeras planas del lunes 14 de octubre en los periódicos nacionales y estatales dieron cuenta de cómo en Guadalajara, Zapopan, Tequila y Puerto Vallarta, violentos morenistas acabaron enfrentándose a balazos. De este intercambio de metralla ocurrido en las bravías tierras jaliscienses resultaron seis heridos, dos de ellos de gravedad.

En Gómez Palacio, Durango, la asamblea del distrito II tuvo que ser suspendida debido a que centenares de morenistas que querían participar no pudieron hacerlo porque fueron rasurados del padrón. Al enterarse de esta estafa se armó la pelotera y comenzaron los piquetes de ojo, las cachetadas, las patadas voladoras, los escupitajos y las mentadas de madre.

En Xalapa, Veracruz, militantes de Morena también denunciaron haber sido rasurados del padrón.

En Los Mochis y Ahome (Sinaloa), Mexicali (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua), también hubo violencia y denuncias de irregularidades. En Zacatecas y en Guanajuato ocurrió lo mismo. En total se suspendieron 27 asambleas distritales, de esta primera etapa, tramitada el sábado 12 y domingo 13 de octubre. Pero la anarquía continuó este sábado 20 de octubre cuando una vez más tuvieron que suspenderse 60 de 238 asambleas distritales por una cascada de trampas e irregularidades. Ahora fue en municipios de Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y la Ciudad de México en donde no se puedo realizar la elección de delegados. Ante el fracaso el Comité Ejecutivo Nacional de Morena tuvo que declarar  "estado de alerta”. 

San Luis Potosí no se quedó fuera de este horizonte de anarquía.

En el distrito VII con cabecera en Tamazunchale la asamblea fue reventada por enfurecidos militantes de Morena al comprobar que se trataba de una conspiración para favorecer  un grupo. El sabotaje fue encabezado por  Juan Rubio Trejo, quien furioso denunció que el superdelegado Gabino Morales Mendoza y sus cómplices estaban "acarreando" gente. El miedo a que se provocara una desgracia mayor orilló a que los organizadores suspendieran el evento.

En Matehuala también hubo problemas ya que uno de los líderes de Morena en aquel municipio se dedicó a presionar e intimidar a los asambleístas. Por este motivo los inconformes han amenazado con impugnar la elección de los 10 consejeros distritales que fueron tramposamente elegidos.

En Ciudad Valles la elección fue un cochinero. Cientos de militantes de Morena no aparecieron en el padrón de votantes. En esta asamblea el trabajo sucio lo realizo Flaviano Grimaldo Rodríguez por encargo del incorregible diputado Edson Quintanar Sánchez.

Por su parte y para justificar el fracaso, el actual dirigente de Morena, Sergio Serrano Soriano,  hizo responsable de la anarquía a Gabino Morales Mendoza, el súper delegado. Lo acusó de poseer y manipular para sus intereses el padrón de militantes utilizando para ello al ejército de “Servidores de la Nación”.

En respuesta a esta acusación, el adolecente político, Edson Quintanar, atacó  rabiosamente al dirigente estatal afirmando que los problemas y divisionismo registrados en las asambleas distritales "fueron consecuencia de la falta de trabajo del actual presidente Sergio Serrano Soriano, quien brilló por su ausencia y fue incapaz de contactar y dialogar con la militancia. Los resultados ahí están: Asambleas llenas de divisionismo y de pugnas internas”.

Esta es la nueva clase política que dice tener en sus manos el futuro del estado, ¡Qué pena!

Hasta el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en su sexta visita a tierras potosinas el pasado 15 de octubre se sintió defraudado por los desfiguros cometidos por sus compañeros de partido.

 

“El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son”.

- Pepe Mujica, ex Presidente de Uruguay.

Gabino Morales Mendoza, el súper delegado, está viviendo días difíciles. Su futuro político es incierto. Pesan sobre él graves acusaciones que de comprobarse lo echarían vergonzosamente del cargo que hoy ostenta.

El que es considerado el consentido de Andrés Manuel López Obrador está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública acusado de utilizar con fines electorales los programas federales que maneja.

La joven promesa de la Cuarta Transformación (4T) no obedeció las órdenes del presidente de la república en el sentido de no utilizar los Programas para el Bienestar con fines políticos.

Le ganó la tentación y está siendo acusando de haber favorecido a uno de los grupos que participaron en la elección estatal de consejeros que votarían para elegir a los dirigentes estatales y nacionales de Morena.

Pero para su desgracia todos sus esfuerzos se fueron a la basura ya que el pasado 30 de octubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votó por unanimidad anular la elección de dirigentes en Morena.

Gabino no ha cumplido a cabalidad su función de súperdelegado.

Los Programas para el Bienestar funcionan mal en el estado y sus beneficios caen a cuenta gotas causando malestar y frustración en miles de potosinos que los necesitan.

El polémico comisionado del gobierno federal no acude a sus oficinas, se esconde y no da la cara a los problemas. Ni por enterado se da de las quejas y desatenciones que soportan quienes por necesidad acuden en busca de ayuda.

Personas discapacitadas, de la tercera edad; jóvenes que quieren construir su futuro y los estudiantes que exigen las becas “Benito Juárez” sufren un calvario porque los apoyos no llegan.
A lo que sí le da prioridad es a la grilla que acontece al interior de Morena.

En el frustrado proceso de elección de dirigentes nacionales el joven funcionario indebidamente tomó partido en favor de una de las candidatas, Bertha Luján Uranga en complicidad con Gabriel García Hernández, actual coordinador nacional de Delegados Federales.
García Hernández es uno de los funcionarios más cercanos a AMLO, ha trabajado con el presidente por más de 15 años.

Desde el nacimiento de Morena, haya por el año 2015, su trabajo fue fundamental para construir las estructuras electorales del hoy partido gobernante. Fue Secretario de Organización del comité nacional de Morena.

Desde ese cargo fortaleció su relación política con Gabino, quién fue el principal promotor del Movimiento de Regeneración Nacional en San Luis Potosí cuando ese partido apenas iniciaba sus andanzas en la política local.

El activismo de Gabino y de Gabriel García hizo sospechar la existencia de una candidata “oficial” y de una elección de Estado. Parecía evidente que había “línea” para favorecer a Bertha Luján.

Sólo que está maquinación antidemocrática se fue al drenaje ahora que el Tribunal Electoral decidió anular la elección porque desde un principio fue un cochinero. Acarreo, robo de urnas, padrón de votantes rasurado y hasta balazos caracterizaron el fallido intento de renovación de dirigentes.

La manipulación de la elección interna en San Luis Potosí, promovida por estos personajes estaba poniendo en entredicho la congruencia política del presidente de la república porque daba la impresión de que Morena se estaba convirtiendo en un partido de Estado.

Por eso el presidente de la república se vio obligado a pintar su raya en este sucio proceso electivo: “No somos el PRI para repetir lo que durante décadas nos hicieron a nosotros, fraudes con el aparato y los recursos del Estado. Hacer proselitismo político con el dinero público ya es delito y se va a despedir y a aplicar la ley a aquellos que lo hagan”.

Esto explica por qué la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval al comparecer ante senadores de la Comisión Anticorrupción dio a conocer que 10 superdelegados en distintos estados de la república están siendo investigados por un supuesto manejo irregular de los programas sociales en el proceso interno de Morena. Entre estos funcionarios está Gabino Morales Mendoza.

Y parece que la investigación va en serio. El propio presidente de la república no dejó dudas cuando el pasado 25 de octubre durante su habitual conferencia mañanera afirmó: “Yo no protejo a nadie, no soy cómplice, no voy a encubrir a nadie”.

De comprobarse las acusaciones contra Gabino Morales es probable que sea separado del cargo y mandado una temporada en la banca en espera de mejores tiempos.

¿Es el aborto un asesinato legal?// ¿Tiene el feto derechos frente a la madre?// Legislar con base en criterios dogmáticos// Poder decidir sobre su salud, su cuerpo y su vida sexual: un derecho humano//  Los abortos inseguros matan a miles de mujeres en nuestro país.

Los diputados del  Congreso local están a un paso de tomar una decisión que desatará pasiones: autorizar o rechazar que sea legal la interrupción del embarazo.

De acuerdo con el anuncio del diputado Rubén Guajardo, presidente de la comisión de justicia, es probable que a finales de este mes esté listo el dictamen de ley que propone legalizar el llamado “aborto inducido”.

Los legisladores ya están sufriendo presiones de los grupos interesados en el tema. De un lado están los conservadores cercanos a la jerarquía católica y al Partido Acción Nacional que presionan para que la iniciativa se rechace. En el bando contrario se encuentran grupos feministas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que rechazan que se hagan leyes a partir de ideologías y prejuicios religiosos. Están en contra de la criminalización de las mujeres que abortan, ven en el aborto clandestino un problema de salud pública, defiende el Estado laico y piden proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Algunos diputados y diputadas ya han dado a conocer cuál sería el sentido de su voto. La mayoría de los de Morena están a favor de autorizar la interrupción legal del embarazo. Aunque sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social no se han comprometido todavía. Los del PAN se oponen de manera definitiva. Y en cuanto al PRI todavía no se ve claro por dónde se inclinará su voto colectivo, salvo en el caso de una diputada que argumentando un voto de conciencia ha manifestado estar a favor de la iniciativa. Por su parte el Verde Ecologista, el PRD (ahora con diputados presuntamente independientes), Conciencia Popular y Nueva Alianza aún no se han pronunciado.

Argumentos y prejuicios que alimentan el debate.

Antes de pasar a exponer los argumentos a favor y en contra del aborto es oportuno establecer que ésta práctica en México es legal en algunas circunstancias: Primero. Si el embarazo es resultado de una violación. Segundo. Si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y Tercero. Cuando es provocado accidentalmente.

Dicho lo anterior sigamos adelante.

Los que se oponen alegan que el aborto es un asesinato legal. Que es contrario a la ley de Dios. Que la vida humana es sagrada desde la fecundación del óvulo. Que practicar un aborto es una forma de negar el derecho a vivir y que equivale a una sentencia de muerte. Que es un acto moralmente reprobable. Que el feto, sin importar el momento de la gestación en que se encuentre, es una persona con derechos plenos. Que el niño(a) (nonato) tiene derechos frente a la madre. Que un feto dentro del vientre materno no puede defenderse.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos de los que están a favor sobresale el que afirma que la despenalización del aborto es una demanda civilizatoria que no intenta atentar contra la vida, sino enfrentar un problema de salud pública y defender los derechos de las mujeres como seres humanos. Rechazan que las iglesias -sobre todo la católica- presionen para que se legisle con base en criterios dogmático-religiosos. Consideran que el Estado laico y el laicismo son condición indispensable para el desarrollo libre de las sociedades, sobre todo en materia de sexualidad y reproducción. Al respecto afirman que la separación entre la Iglesia y el Estado deben mantenerse y fortalecerse. Por ello critican con dureza el complot patrocinado por el Partido Acción Nacional y la jerarquía católica orientado a reventar la iniciativa pro-aborto.

Las mujeres partidarias de esta causa sostienen que poder decidir sobre su salud, su cuerpo y su vida sexual es un derecho humano básico. Ellas deberían tener derecho a tomar decisiones sin miedo, violencia o discriminación. Pero en la actualidad se les intimida, discrimina y encarcela por tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. Las mujeres y las niñas son quienes padecen en mayor medida  problemas de salud sexual y reproductiva, sus derechos sexuales y reproductivos son violados con mayor frecuencia. Denuncian, sobre todo las feministas, que a una mujer no le proporcionan anticonceptivos porque no tiene el permiso de su marido. Que a una adolescente se le niega la interrupción del embarazo que podría salvarle la vida porque el aborto es ilegal en su país.

Afirman que en México hay miles de mujeres que quieren abortar y que se ven obligadas a recurrir a la clandestinidad y a métodos que ponen en peligro su vida. Que los abortos inseguros matan a miles de mujeres al año en nuestro país.

Como puede observarse el tema es complejo, divide la opinión de la sociedad. Por ello es fácil pronosticar que las y los diputados van a pasar momentos difíciles para aprobar o rechazar la iniciativa de ley que pretende despenalizar la práctica del aborto.

POSTDATA.

Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legalizó en agosto pasado la NOM 046-SSA2-2005, que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos que son resultado de una violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante un Ministerio Público. Con esta decisión  la SCJN no ha dejado espacio para la discreción. El gobierno federal y los gobiernos estatales a través de sus instituciones de salud tienen la obligación de prestar este servicio.

Como una forma de coadyuvar acciones en educación ambiental es indispensable y conveniente implementar temáticas en recursos naturales, como es el fomentar acciones desde la educación en los últimos días se ha visto la cultura del hecho  de sembrar un árbol todos los beneficios que aporta hacia nuestro entorno y nuestra salud

Así como también sería importante fomentar la cultura sustentable de una educación ambiental en las escuelas derivando a que esto llevaría al objetivo de hacer huertos orgánicos donde se estaría utilizando un recurso pedagógico con la única intención de generar conciencia ambiental promover la educación económica a través de la agricultura y así poner en practica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental.

Se hace un exhorto a implementar acciones desde las escuelas para ponerlas en práctica en nuestros hogares, esto lo expresa la QFB. Fabiola García Álvarez perito en impacto ambiental.

Xavier Nava, alcalde de la capital, ha decido que es el momento de dar la batalla final contra el clan de los gallardo, sus acérrimos rivales. Quiere acabar políticamente con ellos, hundirlos en el lodo del desprestigio y castrar cualquier posibilidad de florecimiento de este grupo político.

El alcalde, quien aspira a la gubernatura aunque no lo admita públicamente, quiere destruir el huevo de la serpiente antes de que una calamidad caiga sobre los potosinos.  Busca disminuir la capacidad de operación política de sus adversarios para que no tengan posibilidades de resurgir en las próximas elecciones.

Al atacarlos, solicitando juicio político contra Ricardo Gallardo Juárez y Emmanuel Ramos Hernández busca ganar legitimidad entre los electores. Con esta embestida Xavier Nava ha iniciado su campaña para ganar la postulación al cargo de gobernador. Si su estrategia le sale bien obtendrá laureles de gloria, pero si falla o el congreso del estado se porta timorato y cómplice sus aspiraciones de ser gobernador se irán al bote de la basura.

Las acusaciones.

El pasado 30 de septiembre en una rueda de prensa la síndico de la capital Alicia Nallely Vázquez, acompañada por el secretario del ayuntamiento,  Sebastián Pérez García, dio a conocer los motivos por los que la administración que encabeza Xavier Nava ha solicitado al Congreso local se inicie un juicio político contra Ricardo Gallardo Juárez y contra quien fuera su tesorero, el actual diputado local Emmanuel Ramos Hernández. 

En su petición solicita que se castigue al exalcalde y al extesorero con 20 años de inhabilitación para que no puedan desempeñar ningún puesto, cargo o comisión en el servicio público, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que les resulten por las supuestas irregularidades que el gobierno navista ha encontrado luego de un año de implacables revisiones y auditorías practicadas a la administración que encabezó Don Ricardo.

Las acusaciones contra Gallardo Juárez son muy delicadas. Afirma la administración de Xavier Nava que ha documentado desfalcos y desviaciones por más de mil millones de pesos que acabaron por afectar al tesoro público, al medio ambiente y a los ciudadanos por obras no realizadas.

La lista de acusaciones señala que hubo pagos y contratos hechos a empresas fantasmas que suman cerca de seis millones de pesos; un desvío de 60 millones por una nómina dudosa que se manejaba a capricho, obras en Fray Diego de la Magdalena, García Diego y la calle Benigno Arriaga que fueron pagadas y no ejecutadas. Sobreprecio de 152 millones de pesos pagados por  servicios médicos.

A esto hay que sumar la presunta apropiación ilegítima de un predio a nombre de Ricardo Gallardo Juárez de 6.8 hectáreas de un terreno municipal situado en el área natural protegida conocida como “El Camino a la Presa” que fue otorgado mediante una sesión de Cabildo y que se calcula tiene un costo comercial de 400 millones de pesos; además está la retención de impuestos de los trabajadores durante tres años que no se pagaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) cuya suma asciende a 267 millones de pesos. Hay que agregar también el pago de 4 millones de pesos a una empresa inexistente del estado de Morelos. Hay más imputaciones pero por el momento con las anteriores es suficiente para ilustrar el tamaño del problema.

Vaya que Don Ricardo Gallardo debe estar preocupado por estas acusaciones tan escandalosas.

Pero no solo él. De comprobarse las anomalías de las que se acusa al patriarca de la tribu gallardista, su hijo, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, puede ser víctima colateral de esta cruenta ofensiva. No hay que olvidar que “El Pollito” también se ha destapado como aspirante a la gubernatura y ha emprendido una frenética precampaña por todos los rincones del estado para construir una base de apoyo territorial al servicio de sus aspiraciones o, en su caso, para entregarla a sus nuevos aliados, el Partido Verde Ecologista y Morena. Los Gallardo se han convertido en socios de estos dos partidos en el Congreso de la Unión y en el campo de batalla electoral para ganar más espacios de poder. Su debilitamiento alteraría los escenarios de la sucesión gubernamental en 2021 y beneficiaria a otros partidos y aspirantes. Uno de esos favorecidos sería Xavier Nava si logra hundirlos ya que se encumbraría como un temible matador de dragones.

Ahora la pelota está en la cancha del Congreso del Estado.

El último capítulo de esta guerra política entre Nava y los Gallardo no se ha escrito y es de pronóstico reservado.

Toca ahora el turno de actuar al Congreso del estado como actor principal y gran juez en esta confabulación. En sus manos y en las de la Fiscalía General del estado estaría la suerte final de Ricardo Gallardo Juárez, del “Pollito”, del Verde Ecologista y sus esbirros locales.

Por todo ello esta historia apenas comienza.