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- Escrito por Carlos Aguilar
- Cortar recursos fiscales a la Oposición de golpe y sin cambiar las reglas de distribución regresaría a México a tener un partido hegemónico.
Por Edmundo Crespo Ruiz
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"Considero que deberían de disminuir los presupuestos de los partidos y ese dinero utilizarlo para el desarrollo social, para la gente. Eso es lo que pienso".
- Andrés Manuel López Obrador,
27 de febrero 2020.
Si a usted le preguntan: los partidos políticos reciben, desde hace años, miles de millones de pesos de recursos públicos, pese a que los políticos corruptos se han dedicado a robar y empobrecer al pueblo, ¿qué creé que sea mejor para México: entregarle esos recursos al incorruptible gobierno del honorable López Obrador para ayudar a los pobres o dejárselos a los pillos de los partidos?, seguramente responderá dárselos a los pobres, que los saqueadores de la Patria vayan a la cárcel y los partidos políticos al "basurero de la historia".
Pero si le preguntan: en tan solo año y medio de Gobierno, López Obrador destruyó los programas asistenciales del Gobierno de México que eran reconocidos a nivel internacional por sus avances en combatir la pobreza y la transparencia con que se manejaban los recursos, para crear sus programas clientelares que no tienen nada de transparentes y han demostrado, en el poco tiempo que llevan, ser un tiradero de dinero sin beneficio para el país. Sólo le van a servir a AMLO para ganar el siguiente año las elecciones, ¿qué creé que sea mejor para México: mantener el financiamiento público a los partidos políticos para evitar que llegue un dictador y tener al menos esa vía para poder frenarlo; o dárselo al Gobierno amlista para que lo siga regalando?, seguramente responderá: a los partidos políticos.
Pero si sólo le preguntan: ¿qué es mejor para el país: mantener el financiamiento público a los partidos políticos o reducirlo para entregar en los programas sociales federales?, su respuesta no estaría influenciada por el entrevistador, sería en realidad lo que usted piensa, pero no necesariamente lo mejor para México.
Estoy convencido, y creo que coincidirá conmigo, que en base a la información de que disponemos formamos nuestro criterio, y que es peor estar mal informado que desinformado. Porque, además, la mayoría de las veces los que nos mal informan lo hacen con el único fin de manipularnos.
SU EVOLUCIÓN
Aunque el financiamiento público a los partidos existe desde 1977, el cálculo de su monto y su distribución ha ido evolucionando con el paso de los años. En principio era completamente discrecional. En 1987, se fijaron las primeras reglas que incluían, entre otras, el número de diputados, pero aún quedaba un margen de discrecionalidad para la entonces Comisión Federal Electoral que dependía del Gobierno en turno (que, por cierto, encabezó el hoy honorable y exitoso morenista Manuel Barlett, ésa era la CFE que sabía manejar a la perfección, en su pasado priista). En 1989 se hizo el siguiente ajuste en la legislación electoral y se eliminó la poca discrecionalidad que había en el reparto del financiamiento a los partidos.
En 1996, cuando nace como órgano autónomo el Instituto Federal Electoral, se comenzó a aplicar una fórmula que estaba en función directa al número de partidos para calcular la bolsa a repartir para actividades ordinarias de estas organizaciones. Resultaba de multiplicar los costos de las campañas para presidente, el total de diputados y senadores, considerando los días de duración de las campañas, y eso se multiplicaba por el número de partidos.
Ya con el monto determinado, el 30 por ciento se reparte por partes iguales entre todos los partidos y el restante 70 por ciento en función de la votación de la última elección de diputados, como se hace hasta la fecha.
En año electoral, a cada partido se le entregaba una cantidad adicional e igual a la de actividades ordinarias para los gastos de campaña. Desde entonces existen otros tres financiamientos, pero representan menos del 5 por ciento.
En 2008 se hizo una gran reforma que le quita a los partidos políticos la posibilidad de comprar directamente tiempo en radio y televisión, y para hacer más equitativa la contienda los tiempos los maneja el IFE (hoy INE) con reglas muy claras, similares al reparto del financiamiento.
También redujeron el financiamiento para campañas electorales, la razón es que donde más se gastaba era en spots de radio y televisión. Desde la elección del 2009, en los procesos intermedios se les da para gastos de campaña una bolsa equivalente al 30 por ciento de la de actividades ordinarias y en la elección presidencial del 50 por ciento.
Pero también se cambió la fórmula para determinar el financiamiento público anual, ya no depende del número de partidos, ahora está fijado en función del número de electores, además esta fórmula se replicó en la mayoría de los estados para el financiamiento local.
Por cada elector se destinaba originalmente el 65 por ciento de un salario mínimo diario para el financiamiento de los partidos, pero cuando se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se sustituyó por esta. La UMA, que se calcula anualmente desde el 2016 en base a la inflación, se creó para que el salario mínimo pudiera aumentar sin afectar legislaciones que estaban ligadas a él; en el 2016 la UMA era lo mismo que el mínimo, actualmente el salario es 42 por ciento mayor que la UMA.
En la circunstancia actual, a los partidos políticos les conviene que haya menos para poder alcanzar más del pastel, es decir, que haya más partidos no aumenta el financiamiento.
¿CÓMO BAJARLO?
Este año se le están destinando a los partidos políticos, de financiamiento público federal, 5 mil 239 millones de pesos, más una cantidad cercana en los estados. Y desde 1997 se han entregado recursos federales en términos nominales de casi 83 mil millones de pesos a los partidos y, considerando la inflación, esa cantidad es de casi 128 mil millones de pesos de 2020.
López Obrador ha pedido reducirlo a la mitad para que se liberen recursos y pueda destinar más a sus programas sociales; en abril dijo que para enfrentar la pandemia.
Pero no está de más recordar que nuestro líder apareció en la boleta en las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y 2018. En las intermedias de 2009 no apareció, pero hizo campaña por los diputados del PRD, PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), en el 2015 impulsó el registro de su partido Morena participando activamente en la elección, adicionalmente cuando fue líder de Morena él siguió haciendo campaña.
Al inicio de la contienda del 2018, López Obrador ya había tenido a su disposición en los años previos, enlistados arriba, financiamiento público por 12 mil millones de pesos, en pesos de 2018; ya arrancaba con una ventaja financiera muy fuerte, adicional al desgaste de los partidos que postulaban a los otros candidatos, eso explica en alguna medida su victoria.
Es innegable que esos 12 años de campaña permanente sentaron las bases para su victoria en 2018 y, sin duda, que buena parte del financiamiento público del que dispusieron los partidos sirvió para fortalecer su imagen. Cómo olvidar aquel "estaríamos mejor con López Obrador" que se difundió durante el gobierno de Calderón.
Ahora que ya está en el poder, se le hace un abuso el uso de recursos por parte de los partidos políticos. En la misma campaña del 2018, “El Bronco” lo retó varias veces a renunciar al financiamiento público y se hacía ganso, perdón, pato.
Sin duda que Morena es actualmente el partido más fuerte en términos electorales, pero también en términos financieros.
Gracias a la votación histórica que recibió Andrés Manuel López Obrador de más de 30 millones de votos, los diputados de su partido consiguieron que 20 millones 790 mil 623 ciudadanos les dieran su voto, lo que le va a permitir a Morena recibir, de 2019 a 2021, financiamiento público por 5 mil 580 millones de pesos, el más alto recibido por un partido desde que se creó con reglas claras en 1996 (a lo mejor por eso se andan peleando por la dirigencia).
Adicionalmente, tiene la ventaja de ser un partido de pocos años de existencia que no carga con costos elevados, ni deuda, ni empleados, ni pasivo laboral, entre otros. En sus primeros cinco años de existencia, de 2014 a 2018, recibió 1 mil 742 millones de pesos.
Aunque no va a pasar, porque la voluntad de Morena y AMLO es restarle poder financiero a la Oposición, más allá de bajar el financiamiento, lo que yo creo que sería lo más sano son básicamente dos cosas: Primero, que la baja de la bolsa total sea gradual, para que permita a los partidos ir ajustando poco a poco su operación sin que los lleve a la quiebra; por ejemplo, que el factor que actualmente se aplica de 65 por ciento a las UMA por cada elector se ajuste a 54 en 2021, 43 en 2022, 32.5 en 2023; y segundo, que se cambien las reglas de reparto, que en vez de 30 por ciento igual y 70 por ciento en base a la última votación, sea a lo mejor 50 y 50, de esta manera la mayor reducción sería en el monto de Morena, pero como es el que se quiere colgar la medalla, lo correcto es que sea el que más pague.
Aunque cada día que pasa, y más con la pandemia, se vuelve más urgente una reducción en el financiamiento público a los partidos, creo que una baja del 50 por ciento de golpe y sin cambiar las reglas de reparto encaminaría a México a tener un partido hegemónico, algo que en teoría ya dejamos en el "basurero de la historia".
¡Hasta la próxima semana!
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- Escrito por Luis Fernando Nieto
- El Pleno de la Corte decidirá si la remuneración de AMLO por su trabajo de presidente debe considerar sólo el salario o todas las prestaciones en especie.
Por Edmundo Crespo Ruiz
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"Imagínense, tener la dicha enorme de llevar a cabo una transformación, de hacer historia y que todavía nos paguen, somos privilegiados".
- Andrés Manuel López Obrador, mayo 28, 2020.
En junio pasado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó las suspensiones solicitadas por el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las disposiciones legales que no permiten a sus directivos ganar más que el presidente López Obrador, específicamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.
Aunque pareciera ser una discusión ya superada que nadie en el sector público debe tener derecho a ganar más que el Presidente, por fortuna aún hay inconformes que acuden a las instancias jurídicas para llegar hasta las últimas consecuencias legales, poniendo a prueba la independencia del Poder Judicial.
Previamente, en mayo, funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) habían obtenido una suspensión similar.
La suspensión otorgada en junio, en una votación dividida de tres a dos, por la Primera Sala, les permite a los directivos de estos tres organismos autónomos seguir ganando más que nuestro líder, hasta que el Pleno de Ministros de la SCJN resuelva el fondo de las controversias constitucionales que promovieron a finales de 2019 y principios de este año.
En las controversias constitucionales 358/2019, 1/2020 y 2/2020, se argumenta que aplicar esta restricción presupuestal a sus sueldos, viola su autonomía e independencia y también que en la remuneración del Presidente se considera sólo el dinero y no las demás prestaciones.
"En ese sentido, los Anexos 23.1.2 y 23.1.3 del PEF-2020 señalan la remuneración total ordinaria líquida mensual neta y ordinaria total anual del presidente de la República en numerario, sin considerar las demás prestaciones que integran la referida remuneración, en particular, aquellas establecidas en especie. Asimismo, en el desglose de esa retribución se prevén únicamente prestaciones ordinarias, sin señalar aquellas otras que como lo cita la fracción I del propio artículo 18 del PEF-2020, también integran las remuneraciones de todo servidor público de la Federación, incluidas, en su caso, las de carácter extraordinario a que hace referencia la fracción I del mismo artículo", argumenta el director jurídico de Banxico en la controversia.
"Lo anteriormente referido a la remuneración ordinaria total líquida y remuneración total de percepciones ordinarias resulta contrario al artículo 127 de la Constitución Federal, dado que invade las atribuciones constitucionales y legales del Banco de México y, adicionalmente, dado que el PEF-2020 no establece de manera cierta la remuneración total específica asignada al Presidente de la República con todas las prestaciones que la integran, lo cual corresponde al límite para fijar el monto de remuneraciones para sus servidores públicos, impone una imposibilidad para determinar el límite aplicable a las remuneraciones de los servidores públicos del Banco de México".
En el asunto de la autonomía no me voy a meter, sólo en lo de que considero que debe incluir la remuneración total del Presidente. Antes de entrar a esa argumentación sólo quiero dejar asentado mi punto de vista, sobre topar el salario de todos los funcionarios públicos a lo que gana el Presidente.
Que una persona piense que nadie puede ganar más que él, parte de dos cosas: que nadie puede ser más importante que él, lo cual en el caso de López Obrador creo que su personalidad lo cumple con creces; y que sus conocimientos y habilidades son superiores a los de cualquiera, en este caso se los dejo a su consideración.
Recuerdo mucho cuando Manuel "Maquío" Clouthier andaba en campaña como candidato del PAN por la presidencia en 1988, un periodista (una disculpa por no recordar quién fue) le preguntó: "¿cómo quiere un ingeniero agrónomo gobernar un país?" y respondió (palabras más, palabras menos) algo así: "no importa que estudios tenga el Presidente, sino que tenga la capacidad de hacer un equipo con las personas mejor preparadas para cada posición y que tenga la humildad de aceptar que están mejor preparados que él para hacer sus tareas".
Si piensan que voy a criticar a nuestro líder por no llevar a la práctica la filosofía del padre de la que fue su coordinadora de campaña, en la elección que obtuvo más de 30 millones de votos en 2018 y lo llevó a la Presidencia, que hoy es diputada federal plurinominal de Morena por Sinaloa y que aspira a ser candidata de ese partido por la gubernatura de Nuevo León el próximo año, Tatiana Clouthier, lamento decepcionarlos, esa no es mi intención.
Sólo me referí a la reflexión del "Maquío" sobre lo que debe hacer un Presidente como una de las causas por las que creo que hay posiciones en el gobierno que ameritan ganar más que él, las capacidades que deben de tener para hacer su trabajo.
Aunque en sus conferencias mañaneras nuestro líder lo repite como verdad absoluta que nadie gana más que él en su gobierno, de acuerdo a información publicada por El Universal, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obtuvo el año pasado una remuneración neta de 2 millones 209 mil 550 pesos, mientras que el presidente ganó un millón 567 mil 640 pesos. No es el único caso que documentó este medio, pero sólo menciono esto como ejemplo.
Además, suponiendo, sin conceder, que el Presidente debería ser el mejor pagado, creo que su remuneración debe ser determinada con criterios técnicos y no por ocurrencia. Imagínese que llegue un populista que gobierne para el aplauso (y los votos de las siguientes elecciones) no con responsabilidad, que no necesite dinero porque tiene años sin ingresos y ha cubierto sin problemas sus necesidades y las de su familia, y que decida cobrar un salario mínimo porque "sería ofender" vivir con lujos, porque es "servicio público" y "es del pueblo".
Ahora sí ya entrando en materia de qué debe considerarse al calcular la remuneración del Presidente, hace ya casi un año, el 30 de julio de 2019 presumió en la mañanera su departamento de 311 metros en Palacio Nacional.
Cuenta con dos recámaras, la principal de 68.9 metros cuadrados (m2) incluyendo un sanitario y un vestidor, para que se dé una idea muchas de las casas de Infonavit son de menos de 70 m2. El espacio de la recámara principal, de 40.5 m2 (sin el vestidor), es poco más del espacio de 10 camas king size.
La recámara secundaria es mucho más pequeña, de sólo 28.5 m2, incluyendo un sanitario de 6 m2 y un vestidor de 3.2 m2. El espacio de esta recámara es el equivalente a 10 camas individuales.
También tiene un estudio (27.7 m2) incluyendo un sanitario (2.5 m2), una sala-comedor (53 m2), una cocineta (21 m2) y un cuarto de servicio (6.2 m2) incluyendo el sanitario (2.0 m2).
Además, está amueblado y si no le gustan los muebles puede cambiarlos. Obviamente tiene todos los servicios cubiertos, incluida la seguridad.
Está en una ubicación que le permite ahorrar tiempo de traslado a su trabajo (¿cuánto vale ahorrarse dos horas diarias de traslado para ir a trabajar?), además tiene como amenidades salones históricos que puede visitar las 24 horas.
Sin tener la certeza, podría casi asegurar que todos sus traslados, los de su esposa y los de su hijo menor los cubre el gobierno, posiblemente también los salarios del personal que da mantenimiento y servicio de limpieza y cocina en el departamento.
Así como en el sector privado, al momento de negociar el ingreso de un puesto de trabajo se consideran bonos de despensa y gasolina, bonos de desempeño, uso personal de algún vehículo y en algunas ocasiones la renta de un departamento, entre otras prestaciones creo que en el puesto de Presidente de México deben de ser incluidos todos estos ingresos en especie o en efectivo.
Imagínese que su patrón, suponiendo que usted no sea de los millones que han sido afectados por la pandemia, le dice "no te puedo aumentar tu salario, pero te puedo prestar una casita que es tan cómoda como donde vives ahora, te pago todos los servicios, y además está aquí a la vuelta del trabajo", ¿usted le diría "no, eso no es salario"?.
¡Hasta la próxima semana!
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- Escrito por Edmundo Crespo
- Al no viajar en avión privado Andrés Manuel López Obrador malgasta nuestros recursos
Por Edmundo Crespo Ruiz
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"Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes (en vuelo comercial a Washington) y llego sin problema, no hace falta (un vuelo privado)".
- Andrés Manuel López Obrador
29 junio 2020.
Gracias a mi trabajo, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han dirigido departamentos de Recursos Humanos en empresas de diferentes tamaños, y en mi curiosidad les preguntaba por qué no se generalizaban en sus empresas prestaciones que se daban a partir de cierto nivel de responsabilidad. Me refiero, entre otras, a un automóvil incluyendo combustible y gastos de mantenimiento, en algunos casos hasta chofer, apoyo para vivienda, asistentes para asuntos personales y seguro de gastos médicos ilimitado.
Y aunque había diferentes respuestas, al final caían en lo mismo: no era una prestación de la empresa al empleado sino un costo en el que se incurría para que el empleado destinara la mayor parte de su tiempo a trabajar y no a asuntos cotidianos como la gente normal.
En muchos casos estos niveles de responsabilidad en las empresas demandan además de esfuerzo físico, estar concentrados mentalmente en sacar adelante sus tareas. Quitarle preocupaciones cotidianas a estos ejecutivos aumenta su productividad, además de que la empresa le saca el mayor provecho posible al talento del personal en esos niveles.
Algo tan sencillo como manejar su auto acaba siendo un distractor del valioso tiempo de estos líderes de equipos de trabajo, por eso el ponerles chofer no es por su comodidad, sino para que ese tiempo lo aprovechen para atender muchas veces asuntos de la empresa. Y qué decir de los seguros de gastos médicos, que en caso de una contingencia tanto ellos como sus familias pueden ser atendidos en el menor tiempo posible. Y en algunas circunstancias pueden a la vez atender asuntos urgentes de su trabajo, cosa que difícilmente ocurriría si fuera al IMSS.
Y si es tan bueno para las empresas, ¿por qué no se generalizan? Aunque se escuche discriminatoria mi respuesta, esa es la realidad, el tiempo de un alto directivo es más valioso para una empresa que el de un empleado, por una sencilla razón financiera: se le paga más porque con sus habilidades y conocimientos le genera más dinero a la compañía.
Por esa única razón, es un despropósito económico la estrategia de nuestro líder de viajar por carreteras o en vuelos comerciales en vez de tener una aeronave propia para hacer más eficiente el uso del salario que le pagamos. Asumiendo que es el hombre de más talento y con mayor responsabilidad en el actual gobierno, desperdicia su tiempo y nuestros recursos, en vez de destinarlo a generarnos más bienestar y prosperidad.
Como ejemplo de este despilfarro de nuestros recursos tomaré lo que pasó el martes pasado que destinó casi toda su jornada laboral para trasladarse de la Ciudad de México a Washington, y el jueves para el vuelo de regreso.
Aunque creo que son muchas horas perdidos que podían haber sido aprovechadas de mejor manera, casi podría apostar que para él es el tiempo mejor invertido, él piensa en su popularidad y las elecciones del 2021, no en el uso eficiente de los recursos. Basta ver los comentarios de sus fieles seguidores en redes en los que destacan que es histórico lo hecho por Andrés Manuel López Obrador que un Presidente puede viajar como ciudadano común y no pasa nada.
Claro que sus detractores dirán: "es tiempo ganado, no le hizo daño al país en esas horas".
¡Hasta la próxima semana!.
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- Escrito por Luis Fernando Nieto
- “Con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver como se hacen".
Otto von Bismarck.
No van a pasar a la historia como grandes demócratas. Más bien ya se han ganado el título de adversarios de la democracia. Me refiero a nuestros diputados y diputadas de la LXII Legislatura local.
En un desaseado proceso legislativo que culminó el pasado 30 de junio nuestros incorregibles legisladores, con honrosas excepciones, aprobaron con 24 votos a favor, uno en contra y una abstención, la nueva ley electoral que regirá el proceso electoral 2020-2021.
Tuvieron la oportunidad de hacer avanzar hacia una etapa más promisoria nuestro inacabado proceso de desarrollo político y no lo hicieron, prefirieron aprobar una ley electoral que conserva los privilegios de camarillas envicias que manejan a sus partidos como provechosos negocios particulares.
Para aprobar esta ley se tejió una red de complicidades que incluyó negociaciones en lo oscurito, violaciones al procedimiento legislativo e intercambio de favores entre grupos parlamentarios. Los legisladores se convirtieron en parteros del nacimiento de una ley electoral que quizás en unos meses sea declarada inconstitucional por violaciones a derechos humanos consagrados en nuestra Constitución.
El papel de villanos lo ejecutaron magistralmente los diputados de los partidos Conciencia Popular, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista que contaron con la complicidad de Morena. Esta confabulación provocó el aborto de las propuestas de vanguardia que contenía el proyecto original de reformas y que fue presentado y luego desechado el domingo 28 de junio.
Y no es por intrigar, pero una vez más el diputado Edson Quintanar que coordina al grupo parlamentario de Morena se confirmó como uno de los peores legisladores que han ocupado una curul en el congreso local. Este imberbe diputado sigue inundando de indignidad al poder legislativo.
A pesar de su juventud ya es un caso perdido por tantos desfiguros e incongruencias que comete. Para nada es un digno representante de los valores democráticos que dice defender Morena (No mentir y no engañar al Pueblo).
Edson Quintanar dirigió por más de un año la Comisión Especial para la Reforma Político Electoral y fue incapaz de liderar productivamente los trabajos de esta comisión. Nunca entregó resultados.
De forma ladina se dedicó a sabotear el trabajo de otros legisladores y se prestó a negociaciones indignas con los partidos de minoría para protegerles sus privilegios.
La indolencia mostrada por Edson Quintanar durante el proceso de construcción de la ley electoral casi mata de angustia y desesperación a las diputadas Sonia Mendoza y Paola Arreola que sí se tomaron muy en serio su trabajo en la comisión de dictamen legislativo encargada de presentar al Pleno la propuesta final. Proyecto que como ahora sabemos fue desechado el domingo 28 de junio por el concubinato que se dio entre la “Chiquillada” y Morena pues en esa iniciativa se contemplaba desaparecer la figura de Alianzas Partidistas y además aumentar de 3% a 3.7% la votación para que los partidos conservaran su registro y tuvieran derecho a las diputaciones plurinominales. Esta propuesta hubiera provocado la extinción de los partidos morralla que desde hace años se benefician de convenios leoninos a través de los cuales se les transfieren votos que obtienen en las Alianzas Partidistas que firman con los partidos grandes, artimaña que les permite sobrevivir artificialmente puesto que en la vida real no cuentan con el apoyo de los electores.
Los partidos minoritarios, en complicidad con Morena, han ganado una batalla que puede ser temporal ya que pronto se interpondrán amparos y acciones de inconstitucionalidad que pueden echar por tierra estas deshonestas maniobras.
CARAS Y CARETAS.
I.-La única diputada que mantuvo una posición firme y congruente durante el proceso de aprobación de la nueva ley electoral fue María Isabel González Tovar, del Partido de la Revolución Democrática. Con argumentos sólidos puso en duda la legalidad de la iniciativa porque sostuvo que la publicación de una fe de erratas a destiempo por parte del Periódico Oficial afecto de inconstitucionalidad el proceso legislativo.
II.- Hay algunos aportes positivos en la nueva ley electoral. Destacan por su importancia los nuevos dispositivos que ordenan la paridad de género en la integración de los Cabildos y del Congreso local. Igualmente significativo es el Capítulo II que se refiere a las Medidas Cautelares y de Reparación en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
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- Escrito por Luis Fernando Nieto
- El ex gobernador de Chihuahua, deberá pagar por los pecados que cometió a su paso por el poder.
Robó, huyó y lo agarraron; andaba de incógnito en las paradisíacas playas de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Pesaban sobre él 11 órdenes de aprensión.
Era buscado por la INTERPOL en 190 países. Desde marzo de 2017 andaba a salto de mata, temeroso de que le echaran el guante. Pero finalmente el día de ayer (8 de julio) el largo brazo de la justicia lo agarró. Ahora tendrá que responder por los actos de corrupción que se le atribuyen, un desfalco al erario público por mil 230 millones de pesos.
En los próximos meses, César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, deberá pagar por los pecados que cometió a su paso por la administración pública.
Inmediatamente después de que el proceso de extradición de Estados Unidos a México se consiga, será encerrado en una fría y sórdida mazmorra donde tendrá el tiempo suficiente para arrepentirse y, quizás, hasta delate a sus cómplices.
No es casualidad que el arresto de Duarte Jáquez haya ocurrido precisamente el día en que el presidente López Obrador se encontraba en Washington en un encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump celebrando la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
En política no hay casualidades. Trump le hizo un precioso regalo al presidente mexicano, le entregó la cabeza del exgobernador de Chihuahua. Con ese valioso trofeo en las manos el gobierno de la 4T podrá presumir que está combatiendo a fondo el fenómeno de la corrupción.
Hay que reconocer que fue un golpe magistral. El tiempo, modo y circunstancia en que se dio el arresto de César Duarte habla de una mente estratégica que supo calcular perfectamente los estragos que este acontecimiento ocasionará a la imagen del PRI.
No hay que olvidar que el inicio del proceso electoral 2020-2021 está a la vuelta de la esquina (septiembre de este año) y un escándalo como este puede ser letal para un partido que está intentando redimirse y recobrar la confianza de los electores.
La espectacular jugada realizada por el gobierno mexicano a través del canciller Marcelo Ebrard deja ver que se buscaba conseguir dos objetivos, uno político y otro propagandístico, ya que el arresto de Duarte es un poderoso mensaje que fortalece en la opinión pública la percepción de que AMLO es un auténtico matador de dragones.
Consciente del daño que este asunto puede ocasionarle al PRI, su dirigente nacional, Alejandro Moreno reaccionó de inmediato con buenos reflejos deslindando a su partido de este impresentable sujeto.
En un mensaje de Twitter hizo pública su postura: “Siempre lo he dicho, el PRI estará del lado de la ley, y en contra de la corrupción, tope hasta donde tope. Si algún priista cayó en actos de corrupción habrá traicionado al gobierno, a las instituciones y al partido”.
El mensaje es claro y contundente y tiene como destinatarios no sólo a Duarte Jáquez sino también a otros priistas que han cometido o están pensando cometer actos de corrupción.
Hace bien el líder del PRI en deslindarse. Muchos priistas que han tenido oportunidad de ocupar un cargo en el gobierno han cometido actos de corrupción que han dañado profundamente a este partido.
Han abusado y sacado provecho personal al traicionar la confianza que se les dio. Al inclinarse por el robo del dinero público han traicionado a su partido y no es justo que los militantes pague por sus latrocinios.
Si el PRI quiere recuperar la confianza de los electores tiene que sumarse al combate a la corrupción.
CARAS Y CARETAS
I.- Cesar Duarte Jáquez fue expulsado del PRI en enero de 2016 cuando se dieron a conocer sus fechorías. El ex gobernador impugno esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dejó sin efecto la sanción debido a que no fue notificado personalmente. Luego de este tropiezo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI volvió a revisar el caso, citó a Duarte Jáquez para darle una oportunidad de defensa, pero al no presentarse determinó proceder a su expulsión. Ésta quedo firme el 30 de mayo de 2019.
II. En octubre de 2016 la Fiscalía de Justicia del estado de Chihuahua emitió la primera orden de aprensión en su contra por los delitos de peculado agravado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando el mundo se le cayó encima Cesar Duarte decidió huir del país.
III.- Al término de su mandato Duarte Jáquez dejó una obscena deuda pública por 48 mil millones de pesos en detrimento de las arcas del gobierno de Chihuahua.
IV.- En voz de Alejandro Moreno Cárdenas: “el PRI no será tapadera de nadie. El priismo siempre
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- Escrito por Octavio Pedroza Gaitán
- Es la encomendada por la 4T para disparar a las familias mexicanas.
Como no visto en al menos tres generaciones, el escenario económico del país es desolador.
Los pronósticos macroeconómicos más optimistas ubican el decrecimiento de la economía del país en diez puntos porcentuales del PIB tan sólo en el presente año.
En términos más claros y llanos, se estima que se perderán en el 2020 entre 1.8 y 2 millones de empleos formales y, agregando los de la informalidad, es decir los no registrados en el IMSS, la cifra podrá llegar a los 12 millones de mexicanos desocupados. Escalofriante.
Y en este catastrófico escenario, las familias mexicanas, muchas de ellas sin ingresos o en el mejor de los casos estos sensiblemente disminuidos, uno de los servicios fundamentales para todo hogar, la ELECTRICIDAD se encarece inconcebiblemente.
En otros países las autoridades entendiendo la complejidad de la nueva realidad, han implementado disminuciones y subsidios a las tarifas eléctricas.
En Europa, países como Francia, Bélgica, Reino Unido y Portugal a través de los llamados Bonos Sociales, han bajado sus tarifas al suministro eléctrico hasta un 45%.
En Latinoamérica algunos países como Bolivia, Costa Rica y Perú también lo han hecho. Panamá y El Salvador han puesto el ejemplo suspendiendo todo cobro de servicios públicos en tanto dure la crisis de la pandemia.
Sin ningún dejo de solidaridad con los mexicanos lastimados por la crisis económica, la Comisión Federal de Electricidad, lejos de replantear su política tarifaria para contribuir a hacer menos difícil la agobiante carga de miles de familias, ha incrementado el costo de servicio eléctrico no solo a la industria, al sector comercio y
también al doméstico.
Incapaces de entender que, por la imperiosa necesidad de quedarnos en casa desde hace ya varios meses, millones de mexicanos nos vimos de manera natural obligados
a consumir más fluido eléctrico en nuestros hogares.
Sin la más mínima sensibilidad para comprender que por la temporada en diversas zonas del país imprescindiblemente se tiene que hacer uso de sistemas de climatización o por lo menos ventilación, la CFE no solo no estableció ningún mecanismo subsidiario, no realizó consideración alguna a las millones de familias que asombrados, vimos el incremento en los recibos bimestrales producto del aumento en las tarifas.
Inconcebiblemente CFE aumentó el costo de la Electricidad aún para los sectores más desfavorecidos.
La exigencia de la sociedad es unánime. La CFE y el Gobierno sin dilación deben de revisar la política tarifaria para no afectar la economía ya de por sí lastimada principalmente de las familias que han visto menguados sus ingresos.
Los incrementos en los cobros de la CFE del servicio eléctrico en los hogares mexicanos, es un golpe letal para la ya de por sí precaria economía doméstica de millones de ciudadanos.
La Comisión Federal de Electricidad al parecer es la encomendada por la 4T para darle a las familias de nuestro país, el tiro de gracia.