- De concretarse un bloque opositor con todos los partidos que no están al servicio de AMLO, el Presidente podría perder en 2021 la mayoría en la Cámara de Diputados.

Por Edmundo Crespo Ruiz
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"Que se vayan agrupando, que se conformen como un grupo reaccionario, nada más que como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque ya tuvieron su oportunidad y se dedicaron a saquear, a robar".

- Andrés Manuel López Obrador. Junio 15 en Jalapa, Veracruz.

No hay ninguna descripción de la foto disponible. Hace una semana, en su conferencia matutina nuestro líder nos alertó de un plan de los enemigos de los avances que ha conseguido la 4T, de esos que tratan de frenar lo que nuestro país ha obtenido en los 18 meses de su gobierno con el apoyo de Morena, PT, ES y PVEM, que podríamos llamar GANSO (Grupo Amplio Nacional al Servicio de Obrador). Los opositores que le quieren echar bola y frenarlo, esos que él ha reiterado en no pocas ocasiones que están "moralmente derrotados", quieren crear un Bloque Opositor Ampliado (BOA).

Desde el sábado 6 de junio ya se notaba que López Obrador quiere alertar a todos sus simpatizantes del riesgo de perder lo que se ha ganado "se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos”.

Ese plan secreto develado por el Presidente es lo que habitualmente se hace desde la Oposición, que él hizo durante muchos años y por cierto no es ninguna ilegalidad. El argumento que utilizó el miércoles para defender que se lo haya hecho público va en el mismo tono de la alerta a sus votantes: "es asunto de todos, antes la política era asunto nada más de los políticos. Entonces, yo tengo que estar informando a la gente constantemente".

El documento señala pautas, que insisto es lo que habitualmente se hace en una alianza opositora:

- Postular candidatos únicos de mayor rentabilidad.

- Asignar las posiciones a cada partido de acuerdo a las posibilidades reales y a su peso específico.

- Incluir candidatos de la sociedad civil con buena fama pública.

- Centrar el mensaje en los principales problemas del país y culpar al partido en el poder de esto.

- Usar los medios de comunicación y las redes sociales para potenciar las críticas al partido en el poder.

- Evidenciar y difundir en el exterior los fracasos del gobierno.

- Evidenciar y difundir, fuera de sus estados, los malos gobiernos locales del partido en el poder federal.

- Insistir que es factible derrotar al partido en el poder en las siguientes elecciones.

Y también el famoso documento señala que se debe insistir por todas las vías posibles en las dos cosas centrales de mi artículo anterior: si se logra que la Oposición gane la Cámara de Diputados se le pone un contrapeso real al Presidente en el manejo de los recursos, tanto en cómo se distribuye como en la vigilancia de que se gasten correctamente, y que abre la puerta a una eventual revocación de su mandato en 2022.

Más allá de que puede estar cayendo su popularidad, que no lo descartó, es que el futuro de crisis económica y de seguridad que muy seguramente va a estar todavía durante la campaña electoral del siguiente año es un incentivo más para que los opositores a nuestro líder ahora sí tomen en serio la posibilidad real de quitarle la mayoría de la Cámara de Diputados y vayan juntos en un BOA real.

Como lo comenté la semana pasada hace dos años votaron 28.9 millones por partidos diferentes a los que postularon a López Obrador, por ellos solo votaron 24.5 millones, existe una amenaza real si logran formar una gran alianza, que puede sin duda llamarse BOA al fin ya AMLO le dio publicidad.

Para ver los posibles escenarios del impacto de un eventual BOA, voy a referirme a un documento en el que con base a la votación obtenida por los partidos en las elecciones de diputados federales desde 1997, en cada una de las secciones electorales del país, se realiza una prospectiva de lo que puede pasar en el 2021. Este valioso estudio lo ha realizado M&A y Neurovoto en elecciones anteriores a nivel federal y en elecciones locales con una muy alta efectividad, por eso lo utilizo como referencia para lo que podría pasar el siguiente año.

Para este análisis, no se consideran los partidos nuevos por dos razones: primero, no hay evidencia previa con la cual se pudiera estimar su votación en cada uno de los distritos, y segundo, no pueden ir en alianza con ningun otro partido porue desde 2003 se prohibe que en su primera elección vayan coaligados.

Me centraré solo en el impacto en los tres partidos que tiene López Obrador bajo su control que integran al GANSO, para evidenciar de dónde le puede venir la preocupación, de entrada se considera que la votación en cualquier escenario sería la misma: Morena 33.2%, PVEM 6.9% y PT 5.3%, en total el 45.5% de la votación nacional emitida.

Lo que hace la diferencia es que al ir juntos les da posibilidades de ganar mas distritos de mayoría y además como ya lo hicieron en 2018, burlar la ley, Morena cede posiciones de mayoría a los otros partidos para poder alcanzar mas diputaciones plurinominales.

En un escenario, poco probable, donde los 7 partidos actuales vayan solos, los del GANSO tendrían 245 diputados: Morena 206 (178 de mayoría y 28 plurinominales), el Verde 25 (7 de mayoría y 18 plurinominales) y el PT 14 plurinominales.

A Morena se le asignan pocas diputaciones plurinominales porque la ley limita que un partido tenga por ambos tipos de espacios más del 8% de su votación y como tiene el 33.2% de los votos, lo más que puede tener es el 41.2% de los 500 diputados, 206 curules.

Si van como GANSO a la boleta del próximo año, y los 4 de oposición van separados, por la pura burla a la ley podría Morena traspasarle 20 diputados de mayoría a cada uno de sus aliados, y agandallarse gracias a esto 31 espacios en los plurinominales, quedando con 276 legisladores, el 55% de la Cámara de Diputados.

Lo anterior sin contar que al aliarse GANSO puede ganar mas distritos de mayoría con la misma votación, con lo que el control de la Cámara sería aún mayor. Por eso es casi un hecho que otra vez Morena y el PT sumando ahora al PV, repitan la misma fórmula.

Pero como comentaba el temor de nuestro líder radica en que al estar en un escenario de crisis como el que se espera en los siguientes meses aumentan las posibilidades de victoria de los "moralmente derrotados" que tuvieron el apoyo de casi 29 millones hace solo dos años y los haga pensar en opciones que contrarresten el agandalle que el GANSO de AMLO les hizo del legislativo.

Y qué mejor que ver ese escenario, de solo dos candidatos, de los partidos actuales, en cada uno de los 300 distritos el del GANSO y el de la BOA, el frente de AMLO tendría sólo 201 diputados con el mismo 45.5% de la votación nacional emitida, Morena 169 (103 de mayoría y 66 plurinominales), el Verde 21 (14 de mayoría y 7 plurinominales) y el PT 11 plurinominales.

Se preguntará usted por qué es tan grande el efecto de la alianza opositora, tomando lo sucedido en el 2018, de las 220 diputaciones de mayoría que ganaron Morena y sus aliados sólo en 126 tuvieron más de la mitad de los votos válidos. En otras palabras si en 2018 hubieran sido dos grandes alianzas, López Obrador hubiera ganado la Presidencia pero no se habría agandallado el Congreso.

Será por eso que nuestro líder le tiene miedo a la BOA, porque se puede comer su mayor botín, el "agandalle" que hizo GANSO en 2018 del poder legislativo.

¡Hasta la próxima semana!

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Han pasado tres meses desde que nos cayó la plaga del coronavirus y aún no logramos superar la contingencia. La enfermedad no cede. Es por ello que la cuarentena se extenderá durante junio y julio. Vamos a necesitar la paciencia de un Santo para no quebrarnos.  

Para aminorar la adversidad los gobiernos federal y local han acordado que a partir de este primero de junio se reinicien gradualmente algunas actividades productivas para evitar que la economía siga destruyéndose. Sin embargo, no se piense que ya hemos superado la emergencia. La enfermedad sigue viva y causando estragos. Los contagios se multiplican y las muertes siguen engordando las estadísticas del holocausto.

La puerta para entrar a una “nueva normalidad” ha sido abierta este primero de junio pero el portón tiene aduanas y torniquetes. Así que no echemos las campanas al vuelo. Muy lejos estamos de erradicar la diabólica enfermedad. Seguimos siendo vulnerables a la ponzoña del virus.

Nos acaban de comunicar que el escape del infierno será y gradual y controlado por un sistema de alertas. Para cada estado habrá un semáforo epidemiológico con cuatro indicadores: ocupación hospitalaria, la tendencia de ocupación hospitalaria, el comportamiento de COVID-19 en los últimos 14 días y los casos positivos por cada grupo de sospechosos. El semáforo se encenderá en rojo (riesgo máximo) si la tendencia de ocupación hospitalaria es de 70% o más; naranja (riego alto) si la tendencia es de 51% a 71%; semáforo amarillo (riesgo mediano) si la tendencia es de 31% a 50% y verde (riesgo bajo) si la tendencia de ocupación hospitalaria es de 30% o menos.

Lamentablemente junio empieza con 31 estados de la república con semáforo en rojo, incluido San Luis Potosí. Así que el peligro de contagio es muy alto.

No todos los gobernadores estuvieron de acuerdo con el Semáforo Epidemiológico Nacional para medir la evolución del avance del coronavirus. Ellos querían tener libertad para elaborar su propio sistema de alerta atendiendo a las circunstancias específicas de su entidad.

Cuándo el pasado martes 26 de mayo la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero les comunicó a los gobernadores que… “el semáforo debe ser federal, porque no podemos tener consideraciones con semáforos locales porque sería una descoordinación total en nuestro país de que ahora cada quien abre cuando quiere y cada quien cierra cuando quiere”, los mandatarios estatales se sintieron agraviados por el desplante prepotente y centralista que mostró la funcionaria. Siete gobernadores expresaron su desacuerdo ya que para ellos los estados son libres y soberanos y tienen en el ámbito de su competencia facultades  para tomar decisiones como esta.

Tuvo que entrar al quite el presidente de la república para evitar que el conflicto creciera. En tono conciliador López Obrador  declaró que “con diálogo, sin pelea y buscando acuerdos, se podrá salir del diferendo con los gobernadores que proponen que sean semáforos locales, y no uno federal el que determina la reapertura de actividades económicas detenidas por la pandemia”. Después de esta declaración los ánimos se serenaron.

En cuanto a nuestro estado el gobernador Juan Manuel Carreras y el presidente de la república ya  trabajan coordinadamente y sin conflicto. Carreras y AMLO  se entiende bien. Los dos asumen que la emergencia sanitaria necesita unidad de propósitos y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Por lo demás, los potosinos necesitamos del apoyo económico del presidente de la república. El Plan de Emergencia que está llevando a cabo  el gobernador Carreras necesita mucho dinero que las arcas estatales no tienen.

AMLO ya anuncio que dispone de un fondo de 60 mil millones de pesos para atender la emergencia  y que en los próximos días será distribuido a los estados para que refuercen el combate contra el Covid-19 y para que se reactive la economía local.

Conclusión: La política ocupa diálogo y construcción de consensos en estos tiempos difíciles. Creo que el presidente y el gobernador así lo entienden.

Caras y Caretas.

Las acusaciones de corrupción que están salpicando a la titular de la secretaria de salud del gobierno del estado, doctora Mónica Rangel, deben ser investigadas por la Contraloría estatal y por la Auditoría Superior de la Federación para que sean confirmadas o rechazadas y para que no dañen la carrera política de la doctora.

Por lo pronto en el mercado de valores de la política potosina el capital político de Mónica Rangel está a la baja. Las sospechas contra ella derrumban por el momento sus aspiraciones para competir por un cargo político en 2021. Es una lástima ya que ella y su equipo sentían que ya tenían en la bolsa la candidatura a la gubernatura.

No se descarta que las denuncias de presunta corrupción en complicidad con “El Rey del Emprendimiento”, Gabriel Alan Salazar Soto, sean parte de un complot que buscaría inhabilitar a la doctora Rangel para ocupar cualquier cargo público.

“calumnia que algo queda”; ¿Quién o quiénes saldrían ganando si se descarrilan las aspiraciones de Mónica Rangel de ser la primera mujer gobernadora del estado?

Es tiempo de sospechosismo.

 

- Los diputados no pueden salir a decir que no habrá modificaciones trascendentes a la Ley Electoral.

- Que el Coronavirus no lo permitió, pero que no nos preocupemos, que al fin y al cabo habrá comicios.

El tiempo se agota y los diputados del Congreso del Estado, han entrado en terrenos peligrosos por su incapacidad para construir un espacio de diálogo y acuerdos, que permita sacar adelante las reformas a la Ley Electoral que regirán los comicios del próximo año.

Una combinación de errores, ausencia de liderazgo, racismo, intereses facciosos y la inesperada
llegada de una crisis sanitaria han provocado que la Reforma Electoral que se anunció con bombo y
platillos no se defina.

Es urgente que los legisladores superen la parálisis que los tiene pasmados y tomen consciencia de que si no parlamentan y acuerdan para dar vida a una Ley Electoral de hondo calado, harán un ridículo de dimensiones colosales.

No pueden salir el 30 de junio a decir que no habrá modificaciones trascendentes a la Ley Electoral,
porque el Coronavirus no lo permitió, pero que no nos preocupemos, que al fin y al cabo los comicios de 2021 pueden ser regulados con los dispositivos de la ley vigente, agregándole solamente uno que otro parche.

Esta narrativa sería una forma torpe de justificar su incapacidad para cumplir con una de sus principales responsabilidades: Hacer leyes.

Es oportuno recordar que el 13 de marzo de 2019, el Congreso del Estado instaló la Comisión
Especial para la Reforma Político-Electoral, con el fin de iniciar la revisión de las iniciativas vinculadas con este tema.

También es pertinente traer a la memoria, que el 14 de febrero de este añose publicó la convocatoria y el calendario que regularía la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas. Entonces, ¿por qué ese paso de tortuga?.

Los diputados están jugando con fuego y pueden quemarse. En especial si como todo indica, omiten llevar a cabo la Consulta Indígena a la que ya habían convocado.

Según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, se estima que en San Luis Potosí existen 630 mil 604 personas que de acuerdo a su cultura se consideran indígenas. Estos potosinos han demandado
desde hace tiempo que se les reconozcan derechos políticos, que la Ley Electoral del estado incorpore disposiciones para que puedan tener representación en los cabildos y en el Congreso del Estado.

Hay distritos locales y municipios donde el 60% o más de los electores son indígenas, (Por ejemplo el distrito14 con cabecera en Tancanhuitz y el 15 con cabecera en Tamazunchale).

Si se aprueba una ley electoral que no incorpore nuevos derechos políticos en favor de pueblos y
comunidades indígenas, se confirmará la existencia de un complot orquestado por una incipiente célula de diputados partidarios de la supremacía blanca, que consideran que los “indios” no son “gente de razón”.

Sin embargo, donde se ejerce un poder autoritario surgen acciones de resistencia a ese poder. Así que los legisladores podrían enfrentar amparos y otros medios de defensa por su omisión en este tema.

Si los diputados y diputadas de la LXII legislatura no aprueban una Ley Electoral de avanzada, se habrán ganado a pulso la etiqueta de conservadores, racistas y antidemocráticos.

Serían considerados como los parteros de una regresión antidemocrática, que deshonraría la añeja tradición de los demócratas potosinos, que en otros tiempos lograron impulsar la transición a la democracia en México. (Recuérdese por ejemplo a Salvador Nava Martínez y su legado).

CARAS Y CARETAS

El nuevo rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, empieza con el pie derecho su nueva responsabilidad. Siendo aspirante a la rectoría, prometió iniciar una etapa de reformas profundas en
la máxima casa de estudios.

Inició revisando la prehistórica reglamentación que rige la vida interna de esta institución.

Hace 60 años que estas normas no son modificadas, a pesar de que en el mundo ha ocurrido uncambio de época que enterró dogmas y paradigmas.

Al respecto y con brío reformador, el pasado 2 de junio, el rector Zermeño instaló la COMISIÓN DE NORMATIVIDAD que revisará y actualizará la legislación interna de la institución.

El rector y su equipo han iniciado el aggiornamento que requiere la UASLP.

Muchos egresados, estudiantes y la sociedad en general esperan un futuro prometedor para nuestra
Alma Mater. ¡Que así sea!

- Aunque el semáforo para la reactivación económica del gobierno federal los frena, gobernadores van a una nueva realidad.

Por Edmundo Crespo Ruiz

"Si de los cuatro indicadores del semáforo uno es rojo, todo el semáforo es rojo", Hugo López-Gatell, subsecretario de salud federal, 29 de mayo del 2020.

Ayer inició la esperada nueva normalidad, llamada en Nuevo León nueva realidad, enmarcada en señales encontradas entre gobernadores y el gobierno federal.

Por desgracia, esa normalidad ya tiene muchos meses, sólo se ha ido acrecentando con el desdén de nuestro líder de hacer equipo con los otros niveles de gobierno para enfrentar la pandemia; finalmente, él tiene la caja registradora donde está la mayor cantidad del dinero público.

El pasado viernes 29 de mayo, en la gustada conferencia matutina, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell presentó el semáforo para la reactivación económica que se construyó en base a cuatro indicadores, donde cada uno tiene su propio semáforo con cuatro colores: verde, significa bajo riesgo; amarillo, riesgo medio; naranja, riesgo alto; y rojo, riesgo extremo o máximo.

Y resulta que 30 estados y la Ciudad de México estaban pintados de rojo, sólo Zacatecas en amarillo, que significa que nada más los zacatecanos pueden dar un paso más hacia la nueva normalidad y el resto sólo puede abrir la industria automotriz, la construcción y la minería.

Y al poner en "alto" a casi todo el país, señaló que "las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas porque ahora el mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado de acuerdo a su nivel de riesgo semanalmente va a ser notificado por la autoridad sanitaria federal, cuál es su nivel de riesgo"; en otras palabras, si los estados deciden avanzar hacia la apertura es bajo su riesgo, la Federación no se hace responsable si algo sale mal.

Los cuatro indicadores para el semáforo son: el porcentaje de ocupación de todas las camas que existan en el estado para atender enfermedades respiratorias; cuántos ingresos tiene cada entidad a estas áreas de atención de enfermedades respiratorias; cuántos resultados positivos se tienen del total de pruebas realizadas, y la velocidad con la que se propaga el virus.

Desde el anuncio, me di a la tarea de buscar un documento o presentación en internet donde vinieran de manera clara y accesible los datos que están atrás de cada uno de estos indicadores para cada uno de los estados, y tratar de entender como se había llegado a un mapa rojo, pero mis intentos no lograron frutos.

Pasado el mediodía se da la conferencia de prensa tras la 11° reunión interestatal COVID-19 celebrada en Colima, donde paticiparon los gobernadores de Nuevo Léon, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Durango y Colima y descalifican el semáforo que los frenaba.

“Los siete estados aquí representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados, por el contrario, pareciera que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos”, detalla el documento de los acuerdos, leído por Silvano Aureoles de Michoacán, "además, la autoridad sanitaria federal incumplió el compromiso que hizo con los gobernadores para darles a conocer el semáforo previamente, antes de su publicación, en consecuencia los Estados aquí reunidos iniciaremos el proceso de apertura gradual tomando en cuenta todas las medidas sanitarias de seguridad, y mayor capacidad de pruebas para evitar el crecimiento de contagios".

Parecía una molestía basada sólo en el ya clásico desaire lopezobradorista a coordinarse con los gobernadores que a algo de más fondo, pero Enrique Alfaro fue más allá: "de manera unilateral definieron cuatro indicadores para hacer el semáforo, lo que no alcanzamos a entender es por qué si dos de los cuatro indicadores de Jalisco están en verde, uno en amarrilo y uno en rojo, el semáforo general sale en rojo, pone a todos los estados del mismo color que la Ciudad de México".

Seguí buscando algún documento que me dijera cómo se construyeron cada uno de los semáforos y, con la misma duda del Gobernador de Jalisco, qué ponderadores tiene para que todos salgan iguales y en rojo. Finalmente, en la conferencia de las 19:00 horas, llegó la luz.

"¿Porqué esta todo en rojo?, porque el semáforo esta diseñado ex profeso los criterios del semáforo para tener la máxima seguridad sanitaria en el primer momento del desconfinamiento. ¿Qué quiere decir esto?, no queremos tener criterios suaves en este momento, porque todas y todos, supongo toda la sociedad tiene como prioridad uno evitar los rebrotes". Bajo este argumento revela la clave del "ALTO" a los gobernadores, "en estos momentos, si de los cuatro indicadores del semáforo uno es rojo, todo el semáforo es rojo para cada estado, no debe sorprender esto un estado puede tener un verde en el primer criterio, un amarrilo en el segundo criterio, otro amarrilo en el siguiente criterio, pero el cuarto criterio es rojo, se toma el rojo".

Abrió la puerta para más adelante, cuando ya sea seguro que no haya repunte o rebrotes se podrán cambiar el criterio. Bajo esta premisa creo que se están lavando las manos como dijeron los gobernadores previamente en la tarde.

Y López-Gatell se les fue a la yugular a los gobernadores, cabe aclarar que al igual que su jefe lo hizo con la ventaja de un auditorio cautivo mucho más grande, "así lo comentamos con los gobernadores la semana pasada el martes que tuvimos la sesión de Conago todo mundo esta enterado de que así es el criterio del semáforo".

Más allá de quien dice la verdad, creo que para variar López-Gatell ha sido un excelente alumno del que es dueño de la barra matutina de las conferencias, y busca construir verdades absolutas contando a su modo solo parte de la historia, pero por fortuna cada quien se puede formar su opinión.

Lo que ya es un hecho es que Nuevo León, al igual que los otros seis estados ya entró en franco desacato del semáforo, comenzó la apertura con reglas sanitarias muy estrictas: el mensaje es claro no estamos saliendo de la emergencia sanitaria, solo se esta buscando que el daño económico no sea más grave. Puedo detallar las medidas que se tomaron en Nuevo Léon, pero se me hace más práctico que vean un extracto, si lo desean, de lo anunciado por el Gobernador que dura menos de 4 minutos www.youtube.com/watch?v=CWZncILtn_o

Por cierto sigo buscando el detalle de los cuatro indicadores del semáforo de López-Gatell para poder darles una opinión mejor informada, espero encontrarlos antes de que termine la pandemia, porque no los han dado a conocer en las conferencias.

Creo que mientras el criterio siga siendo que con un rojo basta para no reactivar, sólo se está afectando a los estados que sí hicieron su tarea, como Nuevo León y Jalisco. Desde la óptica de López-Gatell deben de llegar primero al pico y después podrán reactivar la economía, cuando la idea era aplanar la curva para que al llegar a ese pico no se saturen los hospitales ni se provoque un colapso sanitario, por eso los gobernadores están abriendo, pero sin dejar de ver los indicadores para evitar ese colapso que sería trágico.

Con la actitud del subsecretario, reflejada en el semáforo, me imagino esa escena de cuando se tiene a un familiar enfermo en un hospital privado y ya se acabó el límite del seguro de gastos médicos y ya se vendió todo lo que se podía vender y para poder sacar a tu paciente debes de firmar una carta responsiva, así si algo le pasa va a ser tu responsabilidad, con la diferencia de que el médico te da una guía a seguir para que en tu casa saques adelante al paciente.

Por cierto, se que no voy a escribir nada nuevo, pero que el Presidente se vaya de gira en el arranque critico de la nueva normalidad sólo manda una pésima señal a los ciudadanos, hay que salir del confinamiento aunque no sea necesario, ¡ah, y sin tapabocas!

- Al votar en un año para elegir Diputado federal decidiremos entre darle poder absoluto a López Obrador o ponerle un contrapeso real.

Por Edmundo Crespo Ruiz
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"O se está por la transformación o se está contra la transformación del país".
- Andrés Manuel López Obrador
06/06/20, a 1 año de la elección 2021.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.Dentro de un año en la elección de Diputados federales, los mexicanos habremos ahora sí de entregarle en las urnas el poder absoluto a Andrés Manuel López Obrador o recuperar el mandato ciudadano de que no tuviera control del Congreso.

De tanto repetir los legisladores de la Cuarta Transformación (tanto senadores como diputados) que la mayoría de los mexicanos les dimos en las urnas el control de las dos cámaras del Congreso, ellos y muchos ciudadanos acaban pensando que es verdad.

La frialdad del cómputo de los votos de la elección de 2018 cuenta otra historia. Para que el tabasqueño fuera Presidente, votaron 30.1 millones, el 53 por ciento de los 56.6 millones que emitieron su voto. Para la elección de Diputados por los partidos que apoyaron su candidatura (Morena, PT y ES) votaron 24.5 millones (45 por ciento), por alguno de los otros 6 partidos votaron 28.9 millones (54 por ciento) y por candidatos independientes casi 539 mil (1.0 por ciento).

Dicho de otra manera, en el mejor de los casos para Morena y sus aliados electorales, sólo el 45.4 por ciento quería que nuestro líder tuviera la Presidencia y el control de la Camara de Diputados. El restante 54.6 por ciento no quería que pasara lo que al final del día consiguió Morena, primero aprovechando espacios legales y después aliándose con el Partido Verde que le cedió diputados, para alcanzar entre los tres partidos que postularon a López Obrador 320 diputados (el 64 por ciento de la Cámara de Diputados), y tener ya con el Partido Verde también el poder para cambiar la Constitución a placer de nuestro líder.

En el Senado, 24.7 millones de ciudadanos (45.6 por ciento) votaron por candidatos de los partidos de AMLO que hoy tienen 69 de 128 escaños (54 por ciento), de esta manera, pese a que la mayoría de los ciudadanos no lo querían, López Obrador ha podido cambiar todas las leyes que ha querido sin necesidad de que otro partido lo apoye, ya que tiene la mayoría absoluta de las dos Cámaras.

En donde sí ha batallado es en cambiar la Constitución porque el patriotismo del PVEM de entregarse a los deseos del líder de nuestra patria le ha alcanzado a López Obrador para que sus Diputados pasaran sin contratiempos las reformas constitucionales, pero en el Senado no le ha alcanzado para ese fin y ahí si han tenido que negociar con la Oposición.

La importancia de la elección de los Diputados federales el próximo año radica, principalmente, en dos asuntos: el control del presupuesto federal y el eventual proceso de revocación de mandato de 2022.

La única opción para que López Obrador no pueda disponer del presupuesto, de acuerdo a sus prioridades, es que Morena y sus aliados pierdan la mayoría de la Cámara de Diputados, porque el artículo 74 apartado IV de la Constitución federal dice: "son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo".

Además los Diputados también son los únicos responsables de revisar si el Presidente no desvía el presupuesto aprobado, como lo señala el mismo artículo en el apartado VI "revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas".

Por otro lado en el improbable caso (casi imposible) de que los ciudadanos lograran revocar el mandato de López Obrador en 2022, no se convoca a elecciones para elegir al Presidente sustituto lo nombra el Congreso por mayoría de votos de sus 628 legisladores (500 diputados y 128 senadores), como lo señala el artículo 84 párrafo siete de la Constitución federal: "en caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional". Esta votación sería en escrutinio secreto y por mayoría de votos de los presentes, por lo menos deben de estar dos terceras partes de cada una de las dos cámaras.

En otras palabra, si Morena y sus aliados tienen 315 legisladores en marzo de 2022, podrían nombrar sin necesidad de negociar con nadie al Presidente sustituto. Actualmente, tiene 409 (76 senadores y 333 diputados), para asegurarse ese derecho necesitan mantener dentro de un año por lo menos 239 diputaciones.

Dentro de 362 días estaremos frente a una boleta para elegir Diputado federal, y veo sólo tres tipos de electores:
- Los que consideran que se debe dar a nuestro líder poder absoluto sobre los recursos del pueblo y además asegurarle que, en una eventual revocación de mandato en 2022, pueda poner a alguno de sus incondicionales de Presidente sustituto, que siga adelante con la Cuarta Transformación. Si usted es de este grupo, asegúrese de votar por cualquiera de los partidos que apoyan a López Obrador (Morena, PT, ES y PVEM) más los que se sumen en los siguientes meses.
- Los que consideran que debe ponerse un contrapeso real para que López Obrador no gaste los recursos públicos en sus prioridades y que de darse la eventual (pero remota) revocación en 2022 no quede ninguno de sus incondicionales de Presidente sustituto. Si pertenece a este grupo asegúrese de votar por cualquier partido ajeno al tabasqueño.
- Los que no se complican tanto y deciden su voto pensando solo en el partido o el candidato de su preferencia.

Independientemente del grupo al que usted pertenezca, lo peor que puede hacer es dejarle su decisión al resto de los ciudadanos y luego lamentarse. Si no le convence ninguno vaya y anule su boleta, recuerde que el que calla otorga.

¡Hasta la próxima semana!

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- El bienestar deseado no se decreta, se construye.

En los últimos días, tres acontecimientos marcan un rumbo preocupante para nuestro país. Cada uno igual de grave que los otros.

Nos dirigimos hacia un Estado estatizante.

PRIMERO, la llamada Ley Barbosa por haberla impuesto el Gobernador de Morena, Miguel Barbosa en su estado Puebla, y ya aprobada en San Luis Potosí por el Congreso Local, (con los votos en contra del PAN ).

Esta reforma legal, coloca en riesgo la Libertad de Educación al ceñir a las Instituciones Privadas en la materia, al control del Estado. La modificación a la Ley Estatal de Educación contempla que los bienes muebles e inmuebles de colegios privados podrán pasar a la disposición del Sistema Educativo Estatal, y restringe la libertad de definir estrategias de alto rendimiento e innovación para mejorar el nivel educativo.

SEGUNDO, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo para establecer la Norma Mexicana para la Organización de Elecciones. Esto es, un sistema de gestión donde una institución electoral necesita demostrar su capacidad para organizar elecciones y, aumentar la confianza de ciudadanos y candidatos.

Esto es una clara invasión del Gobierno Federal a las competencias del Instituto Nacional Electoral, ÓRGANO AUTÓNOMO garante de la Democracia Mexicana.

Esta acción, representa un grave retroceso en el avance de la
Independencia de los organismos electorales en nuestro país. Una acción más de la tendencia injerencista del Estado Mexicano para coartar las libertades y derechos fundamentales de los mexicanos.

TERCERO, Morena a través de su Senador Martí Batres ha presentado la Iniciativa de Reforma Constitucional al Artículo 25 de nuestra Carta Magna, en la que propone la incorporación en la Constitución el concepto del Estado de Bienestar.

Se basa en el ejercicio de la función pública, es decir del Estado Mexicano en la Economía y en la Sociedad, para una mejor REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA y la PROVISIÓN UNIVERSAL de bienes y servicios.

Los resultados y por lo tanto el impacto de la Economía de un país,
dependen esencialmente de los factores de la producción, del Estado de Derecho y, guste o no, de las condiciones del Mercado.

No por decreto, nunca por precepto constitucional. Por muy políticamente correcto que se escuche, por muy rentable
electoralmente que suene, el bienestar deseado no se decreta, se construye.

La Riqueza no se redistribuye por voluntad del Estado, menos inventando teorías como la “desmercantilización” en la prestación de servicios fundamentales como la Salud y la Educación.

No es como se consigue la justicia y la igualdad social tirando para abajo a quienes tienen mejores condiciones de vida, por el contrario es impulsando hacia arriba a quienes se encuentran en condiciones menos favorables.

Falso dilema el intentar homologar el nivel de la sociedad en línea
descendente, cuando de lo que se trata es de aumentar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Si lo que verdaderamente se busca y sería plausible, es que exista igualdad de oportunidades para todos, apliquémonos en elevar la calidad Educativa, de los servicios de Salud, fortalezcamos nuestra Democracia y aboquémonos a generar riqueza para que haya empleos dignos y mejor
remunerados.

Etimológicamente PROGRESAR significa IR HACIA ADELANTE, en tanto que REGRESAR quiere decir IR HACIA ATRÁS.